La quita de subsidios en las tarifas de luz y de gas que tenía prevista el Gobierno como parte de su plan para alcanzar el superávit fiscal volverá a retrasarse. Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas de energía. En encontrar la sintonía adecuada trabajan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.
La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.
El compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era avanzar en aumentos del 200% en las tarifas de electricidad y del 150% en las de gas, con el horizonte de llegar a abril con facturas que cubran el costo pleno de la energía excepto para los hogares “vulnerables”. Sin embargo, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% de lo que vale el servicio ya que se optó por cargar ese ajuste sobre los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias.
La otra pata del plan era la puesta en marcha de la CBE, que contemplaría las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica. Es la propuesta que lidera el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
La idea es un porcentaje máximo de esa canasta deberá representar respecto del ingreso familiar. Superado ese umbral, se subsidiará al hogar hasta llegar a su canasta básica, determinada por las variables antes mencionadas.
La medida iba a estar en marcha a partir de abril, luego se pospuso para mayo y en Energía comentaron a Infobae que lo más probable es que recién esté operativa a partir de junio. Fuentes del sector contaron a este medio que en sus charlas con funcionarios del área no se descarta que se estire hasta julio.
La principal demora es en el cruce de los datos en los hogares que están inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) que puso en marcha el Gobierno anterior con los deciles socioeconómicos del Indec, según se desprende de lo informado por el equipo de Chirillo en la última audiencia pública.
En función del decil poblacional al que corresponda cada hogar, del más pobre al más rico, se subsidiará parte de la factura de luz y gas. Pero la idea original es que todos paguen el costo pleno de la energía, por lo que pasaría a subsidiarse la demanda.
La calibración de la medida involucra el trabajo de la Jefatura de Gabinete, no solo del Ministerio de Economía. Este proceso es clave porque un mal cálculo puede dejar a muchos hogares vulnerables sin subvenciones en sus servicios públicos, después de un primer trimestre de fuertes aumentos tras un largo periodo de virtual congelamiento.
Actualmente no todos los usuarios pagan lo mismo por la energía en sus facturas, que es donde se otorgan los subsidios para cubrir el llamado costo de generación. El esquema vigente de subvenciones marca tres universos: altos ingresos (N1), bajos ingresos (N2) y medios ingresos (N3) determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec.
Desde Energía remarcan que el atraso tarifario generó un gasto en subsidios de USD 150.000 millones en los últimos 20 años y un consumo que triplica la media de la región teniendo en cuenta datos del Banco Mundial.
De todas formas el avance en la corrección de las tarifas no fue el que esperaba realizar el Gobierno, en donde reconocen: “Debemos hacerlo bien”. Solo se quitaron las subvenciones a la luz y al gas para los usuarios N1, comercios e industrias; 7 de cada 10 usuarios residenciales no pagan el costo pleno de la energía, es decir, hay más subsidios y se retrasó la puesta en marcha de la CBE. En el transporte del AMBA no se aplicó desde abril la fórmula de indexación por inflación bimestral que se había decidido en febrero.
Postergar esos incrementos y sostener el tipo de cambio oficial congelado son uno de los drivers, además del endurecimiento monetario y la recesión, con el que el equipo económico quiere apuntalar la desaceleración de la inflación.
Los números que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y los 2,3 puntos del 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1 punto del PBI en el final del Gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
Por otro lado, estas erogaciones representaron el año pasado la mitad del déficit fiscal primario tras la aplicación de la segmentación, mientras que en 2022 habían sido el 83,3% y en 2021 el 74,1% de ese rojo. El gasto en subsidios de 2023 fue cuatro veces superior al que tuvo la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI en el mismo período.
