OPINIÓN
Ambiente espeso
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| Sebastián Saharrea - DIARIO DE CUYO |
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No hubo ni el más mínimo gesto de tristeza ante la caída en desgracia mediática de Romina Picolotti, la secretaria de Ambiente, el fin de semana pasada. Ni del gobierno, ni de los sectores empresarios, ni siquiera de la oposición política.
Lo que se supone: un tropezón de cualquier funcionario nacional que afecte la credibilidad de la gestión a la que la provincia se supone aferrada debería generar al menos alguna inquietud. Los hechos: Picolotti se atribuyó propietaria del baño de la blancura en materia ambiental. Por consiguiente, se declaró desconfiada de los controles provinciales en minería y reclamó su participación, hasta ahora limitada por la ley.
Desde ese atril, pareció dar lecciones. Desconfió en voz alta sobre la explotación minera a cielo abierto, pero frenó el impulso cuando notó que el ejercicio de lo que asocian al veneno no sólo se registra en provincias como San Juan, sino en la propia Santa Cruz presidencial.
Luego enmudeció por completo. Este diario se cansó de discar su múmero para obtener alguna precisión, bajo la lógica de una encumbrada funcionaria nacional sembrando preocupación en un tema de alta sensibilidad social. "La licenciada está muy ocupada", señaló sistemáticamente su secretaria.
Cuando llegó a la provincia hace dos meses, mantuvo ese gesto de pocos amigos que la caracterizó desde el inicio y escapó por una puerta trasera hasta el avión, ante la nube de periodistas que la esperaban en la sala de conferencias y entre una nube de colaboradores. Movimiento de seguridad y operativo de distracción propio de las grandes figuras de la política o el deporte, como si en lugar de una secretaria de Estado se estuviera frente a Leo Messi o Indira Ghandi.
Algo de eso habrá creído ella misma, de acuerdo a lo que reveló el domingo una investigación de Clarín colmada de evidencias, ante la cual no consiguió aportar explicaciones convincentes ni ella ni Alberto Fernández, su jefe.
Llegó desde el prestigio de un premio internacional como el Sofía en materia ambiental, para dar respuesta a lo que la administración K identificó como un objeto de militancia social respetable: los ambientalistas de Gualeguaychú.
En un año, casi duplicó la cantidad de empleados: sumó 306 a los 400 que ya había. Les paga sueldos difíciles de obtener en cualquier conchabo criollo -entre 5 mil y 12 pesos-, y lo hace por medio de un desvío propio de los más maniosos estudiosos de los escondites de la administración: derivar fondos a una fundación, para que sea ésta la que liquide esos haberes sin ser detectados por ninguna de las normas y organismos destinados a controlar en qué se gasta la plata de los impuestos que paga la gente.
Sumó a su hermano como jefe de gabinete, con altos ingresos y rendiciones de gastos impresentables. Este trajo a su novia -ex, según Fernández-, y ella a toda su familia. La secretaria prefiere los vuelos charters antes que los de línea, es lógico. Y los paga, claro que cuestan 10 veces más, y salen de esas partidas movidas a fuerza del dedo todopoderoso de su padrino político, el jefe de gabinete, que opera la reasignación del gasto bajo rótulo de superpoderes.
Una nueva funcionaria, la norteamericana Ana María Kleymeye, recibe una alta cifra en dólares para asesorar a los nuestros en sus presentaciones internacionales. Los resultados son los siguientes: en el Banco Mundial, donde Ambiente esperaba convencer al directorio para que no entregue el crédito a Botnia, el resultado fue 7 a 1 en contra (ese uno fue el respresentante argentino, a quien sí pudieron convencer); en La Haya, la corte internacional hasta donde el gobierno argentino llevó al uruguayo para frenar lo que considera una contaminación y una alteración de tratados internacionales, el resultado fue 14 a 0 en contra (no había representante argentino).
Pero Picolotti se guardó a lo largo de su gestión algunos grandes éxitos propios, sin necesidad del concurso del especialistas mundiales pagados en dólares. Llegó con la espectativa oficial de que descomprimiera la presión del corte de puentes a Uruguay, justo ella que presidió -ahora lo hace su esposo- una de las ONG que encabezan el reclamo. No lo consiguió y hasta se distació del tema por "cuestiones personales".
Y termina de presentar un plan de manejo para encarar la vergonzante obra de saneamiento del Riachuelo, ahora que hay plata y, parece, decisión. La Corte Suprema acaba de calificarlo en audiencias públicas como "impreciso" o "insuficiente" -entre otras perlas- pese a los cientos de ñoquis caros -los hay también baratos, pero no este el caso- que participan en su armado.
Juan Pablo Ordóñez es un especialista internacional convocado por Picolotti, en su caso para el control de la actividad minera. Dueño de una simpatía sin igual, fue el único funcionario de la repartición que llegó a San Juan para hablar de los controles ambientales en la actividad minera.
Pero, al revés de su jefa, no tuvo una mirada apresurada sobre la actividad. Por el contrario, en marzo de este año dijo que la minería a gran escala es "absolutamente" compatible con el cuidado del medio ambiente. Y más: "Si se hace posible en países como Canadá o Australia, ¿por qué vamos a pedir menos en Argentina? Si hay determinadas exigencias en otros países, ¿por qué nosotros vamos a ir por menos? Tenemos que pedir lo mismo o más", le dijo a DIARIO DE CUYO en marzo.
Ordoñez está citado en el informe de Clarín como uno de los funcionarios que contratan servicio con la fundación que emplea Ambiente para evitar controles en la incorporación de personal.
Que el miércoles, el jefe de Gabinete Alberto Fernández no pudo desmentir con datos. Dijo que se trataba de una carpeta confeccionada por un funcionario despedido, que es una operación política, que el periodista es un "pseudoperiodista". Ahora, sobre los datos, todo sigue igual: las contrataciones, las compras de muebles y vehículos, los alquileres.
En lugar de desmentir la información, prefirió un curioso modo de justificarla. Dijo que el gran incremento de personal -admitió 306 nuevos agentes sobre los 447 que tenía- son necesarios por los nuevos trabajos del equipo: el plan para el Riachuelo y el control ambiental de la minería.
La Corte -encargada de las audiencias por el saneamiento del río- desmintió que fuera ella la que pidió más gente. Y la autoridad de aplicación de los controles mineros son las provincias. Por estos lados, lo único que pudo verse en los últimos tiempos desde la secretaría nacional fue aquella fuga de Picolotti por la puerta de atrás y al simpático Ordóñez firmando un acuerdo de cooperación. |
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