| Interrogatorio. El secretario de Salud, Roberto Correa, y el interventor de la OSP, Arturo Zorrilla, tuvieron que asistir ante la Comisión de Salud de Diputados en abril. |
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INCOMPATIBILIDADES
El interventor de la OSP fue procesado
Es porque, además, es prestador en el Hospital Privado
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| CLAUDIO LEIVA - DIARIO DE CUYO |
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El juez del Primer Juzgado de Instrucción, Leopoldo Zaballa Pringles, dictó el auto de procesamiento contra el interventor en la Obra Social Provincia (OSP), Arturo Zorrilla, por considerarlo presunto responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, un delito previsto en el artículo 265 del Código Penal.
Zorrilla es cirujano y opera en el Hospital Privado del Colegio Médico, con cobertura de la Obra Social Provincia, en la que es interventor desde que asumió la actual gestión de gobierno, en diciembre del '99.
Por eso, en septiembre del año pasado, el diputado radical Mario Capello lo denunció ante el fiscal José Eduardo Mallea, de la Fiscalía de Instrucción Nro. 3, con el argumento de que no podía ser prestador de la obra social que él mismo dirige porque ambas funciones son incompatibles.
Junto con la denuncia criminal, Capello adjuntó copias de historias clínicas, fojas quirúrgicas y órdenes de internación firmadas por Zorrilla.
Ahora el juez, tomando como punto de partida la prueba documental y las indagatorias, encontró elementos como para presumir que Zorrilla ha cometido un delito.
El artículo 265 del Código Penal habla de que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años "el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo". Por la pena, el delito es excarcelable.
"No tengo noticias del tema. Todavía no he sido notificado", dijo Zorrilla, excusándose de opinar hasta no tener los detalles de la decisión del juez.
Y su superior en la Secretaría de Estado de Salud Pública, Roberto Correa, sostuvo que "ya veremos qué implicancias tiene la decisión judicial. Luego de hacer la consulta al gobernador se tomará la decisión que corresponda".
Zorrilla no es el primer funcionario del gobierno provincial que tiene problemas con la Justicia. En noviembre del año pasado, jaqueado por un procesamiento dictado en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, en una causa que no está vinculada a su gestión como funcionario público, Néstor Luis Silva tuvo que dejar el cargo de gerente de Préstamos de la Caja de Acción Social.
Y en febrero de este año, luego de un confuso episodio en el que se vio involucrado por un robo de bebidas y fiambres en un balneario en el Dique de Ullum se tuvo que ir del gobierno el ex secretario de Hacienda, Francisco León.
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"No tengo noticias sobre el tema, todavía no he sido notificado sobre ninguna decisión del juez. Ya veremos después".
Arturo Zorrilla
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