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PELIGRA EN SU CARGO
Zorrilla, en la cuerda floja
El gobernador estudia la remoción del interventor de la OSP, tras el procesamiento en la Justicia del funcionario giojista.
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| MIRIAM WALTER - DIARIO DE CUYO |
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La discusión en Calingasta por la minería pasó a un segundo plano en la agenda de preocupaciones de Casa de Gobierno, dándole lugar a la delicada situación del interventor de la Obra Social Provincia (OSP), cuyo procesamiento en la Justicia se conoció ayer, por ser el presunto responsable de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. José Luis Gioja estudia la remoción del funcionario, según dijo una alta fuente gubernamental, pero guarda cautela en la definición final.
Al gobernador se le plantea una encrucijada: una situación judicial límite con el auto de procesamiento dictado, y una performance en la OSP que Gioja aprueba y tiene en consideración, según las fuentes. Esta semana es clave para la decisión definitiva, según dijo un colaborador giojista.
El episodio Zorrilla mereció un contacto entre el interventor y el gobernador, donde se habló de su frágil permanencia en el cargo en la OSP, según dijo una fuente calificada.
Ayer, Zorrilla negó que haya conversado del asunto con Gioja, pero aseguró que charló de su futuro en la gestión con el secretario de Salud Pública, Roberto Correa: "Ya está hablado el apoyo total de mi permanencia frente al cargo", dijo. Según el interventor, Correa le hizo llegar por su intermedio, el respaldo del gobernador. Tampoco evalúa renunciar, según dijo: "Hasta que se demuestre que soy culpable".
La resolución del juez del Primer Juzgado de Instrucción, Leopoldo Zaballa Pringles, se basa en que Zorrilla es cirujano y opera en el Hospital Privado del Colegio Médico, con cobertura de la Obra Social Provincia, en la que es interventor desde que asumió la actual gestión de gobierno, en diciembre de 2003 (ver aparte).
Esta situación inspiró en septiembre del año pasado una denuncia motorizada por el diputado de la UCR, Mario Capello, que planteó que Zorrilla no puede ser prestador de la obra social que él mismo dirige porque ambas funciones son incompatibles.
El juez utilizó prueba documental que le aportó Capello, como copias de historias clínicas, fojas quirúrgicas y órdenes de internación firmadas por Zorrilla, para presumir que Zorrilla cometió un delito, que es excarcelable.
El artículo 265 del Código Penal habla de que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años "el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo".
El gabinete giojista presenta más casos de funcionarios con problemas judiciales, que terminaron dimitiendo. En noviembre pasado Néstor Silva dejó la gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social, jaqueado por una causa de supuesta estafa (no vinculada a su gestión). Y en febrero último, Francisco León renunció a la secretaría de Hacienda por un confuso episodio de robo en un balneario en el Dique de Ullum.
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