El intendente de Angaco, José Castro, se encuentra bajo investigación porque supuestamente usó fondos públicos para alquilar un salón con fines partidarios y no para actividades sociales.

A este medio le había asegurado que el dinero había salido de su bolsillo y de aportes de concejales, pero un testimonio en el expediente lo complica.

La propietaria del inmueble declaró que en realidad había cobrado el alquiler con un cheque expedido por la municipalidad, destacaron fuentes calificadas.

En la Justicia se mueven con cautela, pero no descartan que el jefe comunal sea llamado a declaración indagatoria por desviar recursos del Ejecutivo comunal.

La causa se inició por una denuncia que realizaron los abogados radicales Antonio Falcón y Horacio Tello en octubre de 2015, la cual cobró impulso a partir del mismo mes pero de este año cuando se abrió la investigación.

En ese marco, las fuentes indicaron que ya se ha secuestrado documentación y que los denunciantes ratificaron su presentación, a lo que se suma el testimonio de la dueña del local.

Luego de que se llevaran a cabo las medidas preliminares, el fiscal Alejandro Mattar requirió la instrucción y la jueza Correccional Carolina Parra comenzó con la pesquisa. De acuerdo a la denuncia, en el expediente municipal figura el alquiler de un salón para que funcione la Oficina de Empleo, pero la sorpresa es que el contrato está hecho por 2 locales.

En uno de ellos efectivamente funcionó dicha repartición, mientras que el restante estaba pintado con la leyenda del Frente para la Victoria. Para los denunciantes, en este último se armó un búnker político. Dicho de otro modo, señalan que se desviaron fondos públicos para fines que no tienen que ver con el municipio. 

En su momento, Castro le dijo a este medio que el contrato que habían entregado los denunciantes estaba trucado, que el local no funcionaba como sede partidaria y que el alquiler lo pagaba él y un grupo de concejales. 

Sin embargo, María Cristina Atienza dio una versión distinta, ya que declaró en el Segundo Juzgado Correccional que recibió el pago de alquiler con un cheque de la municipalidad por los 2 locales de su propiedad, según trascendió.

La mira está puesta en el intendente porque, además de su responsabilidad como la máxima autoridad municipal, fue quien firmó el contrato de alquiler y uno de los que autorizó el pago a favor de la dueña de los inmuebles.

La investigación está enfocada a determinar si el intendente incurrió en alguna de las figuras de malversación de caudales públicos.

Una de ellas comprende a aquel funcionario que le da a los bienes una aplicación distinta a los que en realidad estaban destinados. La otra tiene que ver cuando se sustraen efectos o fondos que estaban bajo su administración. Ambos delitos son excarcelables.