La Corte Suprema fijó límites para los traslados de jueces

Son las precisiones que le pidió la Magistratura por la polémica "Acordada 4".

La Corte Suprema de la Nación acordó precisar los límites para los traslados de jueces, luego de que el Consejo de la Magistratura le pidiera precisiones, tras una decisión que había declarado inválido al tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner por causas de corrupción. Fue la cuestionada "Acordada 4".

 

 

 

Según precisará el Máximo Tribunal en las próximas horas, los traslados de jueces nacionales a federales deberán pasar por el Senado, pero permitirá que se mantengan dos cambios que cuentan con el agrado del Gobierno. La presencia de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación (era nacional y pasó a federal) y la de Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal (es federal, pero fue ascendido).

 

En el caso de Mahiques, su pliego deberá ir al Senado, pero mientras tanto podrá seguir actuando en el máximo tribunal penal. No sólo con las causas que ya tenga sino que se le podrán sortear nuevas. Con Bruglia ocurrirá algo similar.

 

Si bien ya hay acuerdo para avanzar con estas precisiones, el documento que les dará validez aún no fue firmado por los tres jueces de la Corte que habían volteado al Tribunal Oral Federal 9: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

 

El argumento de estos magistrados (Elena Highton y Carlos Rosenkrantz votaron por separado) fue que, en el caso del TOF 9, creado por una ley nacional para ampliar los tribunales orales, los traslados de los jueces debía anularse porque se trataba de jueces nacionales que pasaban a un fuero federal.

 

En cambio, el resto de los tribunales orales federales que se crearon tras esta ley podrán seguir actuando. Sólo habría conflicto con uno de los magistrados trasladados, pero en principio la Corte mostraría flexibilidad a las inquietudes que planteó, en nombre del Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano.

 

Esta decisión, anticipada por Clarín, se supone que traerá algo de calma en una tensa relación entre la Corte Suprema y el Gobierno. En el oficialismo aducen resistencia judicial a los cambios que impulsan, entre otras cosas, para diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py, que juzgan los casos de corrupción.

 

En la Justicia responden que todos los cambios deben cumplir con las normas constitucionales y que la anulación del TOF 9 nada tiene que ver con una eventual ampliación de los juzgados de instrucción, que debería salir por ley.

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