La Corte Suprema puso bajo sospecha el fallo que dejó en libertad a Cristóbal López

Pidió al Consejo de la Magistratura investigar cómo se conformó el tribunal que alivianó la causa al empresario K.

Acorralado. López enfrentó ayer el pedido de quiebra del ex Banco Finansur de su propiedad. Antes fue escrachado cuando ingresaba a su departamento en Puerto Madero.

 

 

La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer que se investigue el procedimiento de conformación de la sala de la Cámara Federal que liberó al empresario Cristóbal López, al mismo tiempo que un fiscal pidió que se levante el secreto fiscal sobre el empresario y su socio Fabián De Sousa.

Ambas resoluciones se conocieron un día después de que la diputada nacional Elisa Carrió (Cambiemos) solicitara que el Consejo de la Magistratura investigue si hubo "intereses económicos involucrados" en el fallo que devolvió la libertad a los dueños del Grupo Indalo.

En ambos casos se trata de decisiones judiciales vinculadas a la causa contra López y de Sousa por la supuesta retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles por unos 8.000 millones de pesos durante la gestión en la AFIP del exfuncionario kirchnerista, Ricardo Echegaray, también en la mira.

La orden de la Corte fue emitida a través de una oficio dirigido al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para que investigue como se conformó el tribunal que dispuso la liberación de López y su socio.

El oficio de la Corte fue firmado por el titular de la Corte, Ricardo Luis Lorenzetti, y por el resto de los jueces que la integran: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los cinco jueces le ordenaron a Piedecasas que "arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I" de la Cámara Federal porteña.

La Corte también pidió investigar las filtraciones de los audios (escuchas telefónicas) a Cristina.

Los integrantes del máximo tribunal le remarcaron al presidente del Consejo que investigue si existió "alguna irregularidad en esa conformación".

La sala de la Cámara Federal que intervino en el caso (Sala I) fue la que integran Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, quienes debieron convocar a un tercer juez para desempatar porque no se habían puesto de acuerdo en distintos aspectos del fallo.

El juez Ballestero sostuvo que era preciso cambiar la calificación de la causa de "administración fraudulenta" a "retención indebida de tributo", y dejar en libertad a López y a De Sousa, mientras que Bruglia se manifestó en dirección contraria. El desempate quedó en manos del camarista Eduardo Farah, quien, según fuentes judiciales, fue convocado porque ya había intervenido en una de las causas contra López que tendría alguna vinculación con el expediente en el que se investiga la deuda de Oil Combustibles (del Grupo Indalo) con AFIP.

En el mismo expediente se encuentra procesado, aunque nunca fue detenido, el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, quien está acusado de haber facilitado la maniobra de elusión del pago del impuesto por parte de los empresarios acusados.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer identificar los activos del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray para concretar el embargo de sus bienes en su condición de procesado.Además reiteró el pedido para que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López y De Sousa para avanzar en la investigación del caso, en el que está involucrada la petrolera Oil Combustibles, del Grupo Indalo.

"Resulta necesario avanzar" en la investigación para "identificar bienes y demás activos que registre el ex administrador federal Ricardo Echegaray, a efectos de hacer efectivo el embargo dictado" en la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, pidió el fiscal en el escrito al que accedió Télam.

En el escrito presentado al juez, Pollicita advirtió sobre "una posible dilapidación" de bienes que "conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito". Además, reiteró un planteo para que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre López y De Sousa, y las empresas vinculadas al Grupo Indalo que son investigadas por maniobras ilícitas.

 

En este sentido, Pollicita recordó que ambos empresarios fueron excarcelados por la sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmó sus procesamientos, pero sin prisión preventiva, y redujo el embargo en su contra a 8.945.000.000 para cada uno de los acusados, en el que está incluido Echegaray. Sobre el ex titular de la AFIP, el fiscal también pidió que se le levante el secreto fiscal, bancario y bursátil.

La decisión de la Cámara Federal de liberar a los empresarios y cambiar la calificación del delito de defraudación a evasión, una figura que se extinguiría con el pago de la deuda, será apelada por la querellante AFIP y por el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, en un intento de llegar a la Cámara Federal de Casación.



 

  • Devolver 22 millones

El Gobierno le rescindió el contrato a la empresa de Cristóbal López, CPC Construcciones, por el saneamiento en el lago Nahuel Huapi y le reclamará la devolución de 22 millones de pesos que cobró como adelanto de obra.

 

 

Dos jueces en la mira de Carrió &nbs p;

 

La diputada Elisa Carrió pidió ayer al Consejo de la Magistratura que inicie una investigación que determine si pudo haber una "motivación económica" de parte del camarista Jorge Ballestero en el fallo en la causa del Grupo Indalo que otorgó la excarcelación al empresario Cristóbal López.

La diputada solicitó además en su presentación ante el Consejo que se investigue también al camarista Eduardo Farah por la sospecha de "posibles vínculos" entre exdirectivos del casino de Puerto Madero y funcionarios judiciales. El pedido de investigación a ambos camaristas ingresó ayer al Consejo y ya está en la Comisión de Disciplina y Acusación a la espera de ser sorteado el 5 de abril, día de la próxima reunión, para que alguno de sus integrantes tenga a su cargo la instrucción del expediente. Una vez que el expediente se sortea, el consejero instructor se encarga de reunir las pruebas necesarias para dar lugar a la denuncia o para desestimarla

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