El problema de las jubilaciones

El aumento de la edad de las personas gracias a que la vida se viene prolongando y con buena calidad por medicamentos y tratamiento no imaginados por nuestros abuelos, ha creado un problema serio de financiamiento en todo el mundo desarrollado. Si bien no estamos en ese club en otros aspectos, nuestra esperanza de vida promedio es casi tan alta como la del primer mundo.

 

Sobre fines del año pasado se dio una discusión legislativa sobre la forma de corregir los montos de jubilaciones, pensiones y otros rubros sociales con el resultado de que los ajustes futuros serán trimestrales y regidos por una fórmula distinta. Antes, la ley disponía que la mitad del importe de la suba se calcularía según las modificaciones de los salarios promedio de los activos (RIPTE, remuneración imponible promedio de trabajadores estables) y la otra mitad por el movimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los activos en acciones y títulos que el Estado tomó de las viejas Administradores de Fondos de Pensión (AFJP) cuando el gobierno anterior reestatizó el sistema. Sonaba bien, se toma la evolución de sueldos de trabajadores activos y también se mira si hay con qué pagar. Aquí había una trampa. Alrededor del 40% del Fondo de Garantía estaba prestado al Poder Ejecutivo que sacó plata y dejó papeles, bonos que en realidad nunca pensó devolver porque no tenía con qué. Los jubilados le prestaron a un quebrado con un déficit anual del 7% del PBI. Mucha plata. Así el Fondo de Garantía subía en numerales porque el Estado ofrecía intereses altos que quedaban sólo en registros contables. La administración de ese Fondo no se manejó con criterios de rentabilidad de inversión sino con mandatos políticos. En definitiva, esos ahorros "ya fueron" y sería ingenuo pensar que volverán. Queda ahora pensar cómo sigue la película. Con la redacción de la ley del año pasado, que causó tanta polémica, la fórmula de ajuste es ahora del 70% del impacto trimestral de la inflación y el 30% restante depende del RIPTE, es decir, del resultado promedio de las negociaciones paritarias.

 

Visto que en el primer trimestre del año aún no se consolidan los resultados de los nuevos convenios, ese 30% prácticamente no influye, así que el primer número ha dado el 5,7% llevando la jubilación mínima a unos $7.660, en junio a $ 8.131, en septiembre a $ 8.725 para terminar el año en $9.162. Esto abarca a cerca de 1,3 millones de jubilados, la mayoría de los cuales fue sin aportes desde que se dispuso la llamada "moratoria", un método también llamado "jubilación del ama de casa". Políticamente simpático y socialmente justo si se hubiera previsto de dónde saldrían los recursos. La cuestión actual es que los fondos de que se nutre la seguridad social, que son los aportes y contribuciones que manda la ley y que realizan mes a mes los trabajadores activos y sus empleadores, cubren apenas el 60% de las erogaciones totales, lo cual representa un enorme déficit estructural del sistema que carga sobre las espaldas del fisco más de la mitad del déficit total. Jubilaciones, pensiones, PAMI (la obra social de ambos) y asignaciones familiares (salario familiar), son obligaciones de pago mensual que perdurarán por mucho tiempo y a las cuales se agrega la Asignación Universal por Hijo, otra cuenta para la cual no se tuvo en vista el financiamiento. La ecuación es bastante sencilla: el total de aportantes son 11,3 millones de personas, 8,2 del sector privado y 3,2 del sector público mientras que los beneficiarios suman 8,3 millones. La relación entre unos y otros da 1,4, es decir hay un trabajador y medio que aporta para sostener a un jubilado. ¿Qué porcentaje de su sueldo debería descontarse para que la cifra cerrara? Sería inadmisible para los activos, entre dos deberían sostener a un pasivo poniendo cada cual el 50% de sus ingresos. Recordemos que al inicio del sistema se pensó que los jubilados serían siempre menos que los trabajadores y que la relación que justificaría el mentado 82% debía ser de entre 7 y 8 activos por cada pasivo.

 

El aumento de la esperanza de vida que actualmente está exigiendo ya casi 20 años completos de servicios y la modernización tecnológica que ha ido reduciendo la necesidad de mano de obra, presentan un problema aritmético al que debe encontrase dos soluciones, una de mediano y otra de largo plazo. Si el déficit deberá existir, será preciso buscar también dos cosas: una fuente genuina de financiación y acotar su volumen a un porcentaje manejable de la economía.

 

El resultado crudo del año pasado fue una recaudación del 7,1 puntos porcentuales del PBI y egresos por el 11,8. Jubilaciones, el 9%; pensiones no contributivas, el 1%; PAMI, 1% y asignaciones familiares, el 0,8%. La confrontación entre las dos cifras deja un número negativo del 4,7 al cual debe agregarse otro punto por la Asignación Universal por Hijo (0,9 para ser estrictos). Para completar este relato, hay una parte importante que se cubre con las detracciones que se realizan sobre la coparticipación de impuestos a las provincias, tema que también fue motivo de discusión y modificaciones recientemente.

 

El reciente cambio en los ajustes ahora trimestrales se entiende que alivia un poco la situación pero la deja todavía lejos de ser sustentable. Considerando que para este año se calcula un crecimiento nominal de la economía varios puntos por encima del gasto en seguridad social y de la inflación, en una visión optimista el rojo podría reducirse apenas un 0,3% si afectar el poder de compra de los haberes. La reforma que tendrá su primer efecto en el mes de marzo, motivo de tanta crítica y violencia, es una leve mejora pero solo de cortísimo plazo. Categóricamente, el sistema de seguridad social es la principal componente del déficit del Estado.

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