Desterrar para siempre la corrupción estatal
Ante los hechos que se están investigando, surge la necesidad de que la lucha contra la corrupción se convierta en una auténtica política de Estado.
Con la puesta en vigencia de la ley 27.401, de responsabilidad penal empresaria y de otras acciones investigativas y de fiscalización que están implementado organismos del Gobierno y la Justicia, nuestro país se ha sumado a aquellos estados que han adoptado una posición inflexible contra la corrupción. Falta completar la sanción de la ley de extinción de dominio, que acaba de obtener media aprobación en el Senado y que cuando esté en vigencia facilitará al Estado el decomiso de bienes vinculados con la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.
Sería conveniente que todo este esfuerzo pudiera proyectarse hacia el futuro. Para ello la lucha contra la corrupción debería adquirir el rango de política de Estado, a fin de garantizar que los sucesivos gobiernos no alterarán la predisposición que existe actualmente para desentrañar todos aquellos casos de corrupción estatal que se han venido dando en las últimas décadas.
Está comprobado que la corrupción es capaz de penetrar en distintos ámbitos de la vida nacional, con consecuencias nefastas no sólo para las finanzas del gobierno, sino también para toda la comunidad, que siente la sensación de haber sido estafada cada vez que se descubre un caso de corrupción.
Los hechos acaecidos en las últimas semanas, con el descubrimiento de actos de corrupción en los más altos niveles del gobierno anterior, indican que es el momento apropiado para establecer las pautas de control que deberían impedir estos hechos, que se han estado sucediendo con absoluta impunidad.
La transparencia en la gestión pública es un concepto que debería estar grabado a fuego en la cabeza de los funcionarios, como también de los legisladores y los miembros de la Justicia. Precisamente son ellos los responsables de la grotesca corrupción que ha debido soportar el país en las últimas décadas.
La lucha contra la corrupción como política de Estado debe servir para que de ahora en más ningún político o funcionario quiera llegar a ocupar un cargo con la esperanza de recuperar fondos invertidos en las campañas electorales; mejorar sustancialmente su situación económica o hacerse millonario del día a la noche como lo han hecho numerosos personajes vinculados a la política o a la función pública.
De ahora en más no debería haber lugar para la especulación, a fin de que el que llegue a ocupar un cargo oficial sepa que deberá dar muestras durante y después de lo actuado, que cumplió su tarea con total transparencia y honestidad.