La continuidad de las obras públicas
Asegurar el financiamiento de los trabajos que puso en marcha para el Gobierno nacional es terminar con la incertidumbre generada por los casos de corrupción.
La investigación judicial relacionada con el llamado "caso de los cuadernos+, donde entre otros están involucrados varios empresarios de la construcción que habrían pagado coimas en la etapa kirchnerista a cambio de ganar licitaciones, puso en duda la continuidad de las obras públicas en ejecución y próximas a iniciarse.
Sin embargo, estos trabajos están asegurados a través de un mecanismo financiero que despeja toda especulación en torno a las metas previstas y, particularmente, el mantenimiento de miles de puestos de trabajo directos y de proveedores. Es que la denuncia de sobornos recaen en empresarios, no en firmas contratistas del sistema PPP (Participación Pública Privada) y para ello se destrabarán los créditos que se negociaron en las respectivas licitaciones.
Constituir un fideicomiso para que los bancos intervinientes en este sistema de obras públicas mantengan el flujo de sus aportes con garantía estatal, ha sido una forma certera de seguir en marcha más allá de las resoluciones judiciales que pudieran pesar sobre los dueños de las firmas adjudicatarias.
El Banco de la Nación se ha comprometido a aportar entre 200 y 300 millones de dólares al fideicomiso en condiciones de mercado y puso a disposición una línea crediticia por 30.000 millones de pesos para obras de infraestructura. En tanto las autoridades nacionales esperan que con estas garantías se sume la banca privada interesada en certificar licitaciones de PPP.
Los temores que rondaban en torno a las obras públicas en ejecución y otras a iniciarse en el curso de este año, requerían esta decisión política porque en las licitaciones de los grandes emprendimientos en infraestructura se descubrieron las maniobras de corrupción durante la década pasada.
Por el momento se deben apartar las empresas de los ejecutivos ligados a ellas en las investigaciones que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, como también los casos puntuales denunciados. Hay seis corredores viales otorgados a diferentes constructores del cual depende el alicaído sector de la construcción.
Hubiese sido un error lamentable paralizar por cuestiones legales preventivas todas las licitaciones públicas en ejecución y las venideras de este tipo, teniendo en cuenta el movimiento económico que las rodea y la fuente laboral que generan.