La separación de la Iglesia con el Estado
Es tema discutible, pero ha comenzado a tomar forma en equipo de trabajo integrado por ambas partes a fin de avanzar gradualmente en la cuestión económica.
El proceso de separación en la histórica relación de la Iglesia Católica Argentina con el Estado Nacional ha comenzado a través de un equipo de trabajo integrado por representantes de ambas partes con el propósito de resolver de manera gradual la polémica asignación de fondos públicos al clero.
Los sectores de izquierda pusieron en la agenda mediática este vínculo, tergiversando la realidad, en los recientes debates sobre la despenalización del aborto. Acusaron a la Iglesia de intervención en la política, cuando sólo ha respaldado una posición inequívoca sobre la defensa de la vida, incluso junto a las iglesias evangélicas.
La asignación en el actual ejercicio fiscal de 130 millones de pesos para el pago de sueldos a los obispos no es así ya que tiene como destino cubrir los gastos corrientes de las diócesis y atender programas comunitarios. Ese dinero tiene la incidencia de menos del 10% de los ingresos de la Iglesia católica por lo cual los activistas pro aborto evidentemente buscaban el escándalo antes que la verdad.
De todas maneras la Conferencia Episcopal acepta de buen grado el estudio para esclarecer esta relación financiera e ir resignándola de manera gradual, tal como se ha convenido en el equipo de trabajo, de manera que la ciudadanía conozca los detalles de la relación. Los católicos en general han soportado la presión de sectores de la población por críticas falaces originadas en las manifestaciones públicas.
La Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional están comprometidas junto con la Conferencia Episcopal a poner las cosas en su lugar, terminando para siempre con la idea de que el Estado paga todo a los católicos, como se difundió en las redes ya sea por ignorancia o mala intención. La comisión de abogados, contadores y especialistas en el tema ya emitió un primer informe que está a consideración del obispado.
Plantear en estos momentos en la Argentina la necesidad de iniciar un proceso de separación institucional de la Iglesia con el Estado es una falacia planteada por intereses políticos, ya que la Constitución garantiza el derecho a la libertad de culto, o buscan un impacto mediático aprovechando las discusiones por el aborto. De todas maneras es importante transparentar el tema y a la vez la feligresía debe entender la necesidad de buscar otras formas de financiamiento.