Lula da Silva desafía a la legislación brasileña

El líder del Partido de los Trabajadores y expresidente de Brasil sigue desde la cárcel en campaña para las elecciones generales con alto nivel de aceptación.

La política brasileña sigue conmocionada por la candidatura a la presidencia de la República del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se desempeñó en el cargo entre 2003 y 2011, impulsado por el Partido de los Trabajadores (PT) la poderosa fuerza sindical de izquierda.


El problema es que Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por comprobados hechos de corrupción y lavado de dinero y por ello la Justicia electoral ha impugnado su candidatura. La llamada "Ley de la ficha limpia+, promulgada cuando Lula estaba en el Gobierno, no permite que los candidatos con este tipo de condenas se presenten a comicios.


Para la Procuraduría General de la República este caso resulta inviable y por ello no hay instancia superior que lo revierta, pero Lula se mantiene como el candidato favorito de los brasileños, según las últimas encuestas de opinión. Por eso reclama una salida inédita: un plebiscito para que el pueblo decida si puede ser candidato.


Como todo líder populista se ha encomendado al pueblo trabajador recordándole que durante sus mandatos la gente tuvo más empleo, mayores salarios y mejores condiciones de vida, según un manifiesto escrito desde la cárcel de la Superintendencia Federal de Curitiba. A todo esto la Justicia electoral tiene un mes para evaluar todas las candidaturas, pero ya adelantó el veto a Lula.


El expresidente fue condenado inicialmente a 6 años de prisión por la operación Lavajato de sobornos a funcionarios y en una segunda instancia un tribunal le duplicó la pena ante las mayores evidencias. Como es habitual en estos casos el líder izquierdista dice ser "víctima de una cacería judicial+ bajo presión de la derecha conservadora.


A todo esto decenas de miles de partidarios de Lula se reunieron esta semana en Brasilia para exigir a las autoridades electorales que se le permita competir por un nuevo mandato a la presidencia del país. Los manifestantes con camisas rojas, símbolo del PT, sostienen que la condena a Lula es política y niegan los actos de corrupción y lavado de dinero.


Frente a lo que señala la ley, y las manifestaciones de los partidarios de Lula, el Gobierno de Brasil teme desbordes populares que empañen la campaña electoral. La crítica situación social debido a la caída de la economía y recesión, son caldos de cultivo para probables estallidos con gente que se sume a los activistas de izquierda, cuya campaña se intensifica a medida que corre el plazo para conocer cómo se resuelven las impugnaciones a las candidaturas. 

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