Dirigía una asociación civil y vendía la mercadería para la gente necesitada

La jueza que lo investigaba por encubrir entendió que hubo un delito más grave, estafa contra el Estado, y pasó el caso a otro juez.

Evidencia. Al comenzar la investigación, la Policía allanó al menos cuatro comercios que tenían mercadería oficial de venta prohibida que había sido "comprada" a un dirigente social.

 

La jueza en lo Correccional Carolina Parra decidió no intervenir más en una investigación que se inició el 5 de enero de 2017 por el comercio indebido de mercadería oficial para gente carenciada, porque entendió que un dirigente social al que le entregaban más de 300 bolsones no cometió un encubrimiento al venderla para su propio beneficio sino un delito más grave, una estafa contra el Estado provincial, dijeron fuentes judiciales. Y como un juez Correccional no puede investigar fraudes, le pasó el caso al titular del Quinto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa, quien debe decidir ahora si se hace cargo o no de la causa. Si se resiste, el tema deberá ser dirimido por la Corte de Justicia.

El principal sospechoso de la escandalosa maniobra es Natalio Di Módica, quien ya fue indagado por encubrimiento (igual que otros cuatro sospechosos) y alcanzó a estar detenido alrededor de un mes y medio. En su descargo el sujeto negó haber vendido esa mercadería que le daban para la Asociación Civil Ala Norte, entidad que agrupa a pequeños emprendedores que suelen tener puestos de venta en una feria del Parque de Mayo, indicaron voceros judiciales.

Habían sido los policías de la seccional 5ta., principalmente, quienes iniciaron la investigación cuando les llegó el dato de que en comercios de Rawson, tenían mercadería de venta prohibida al público porque es la que se entregaba a la gente carenciada a través del Ministerio de Desarollo Humano y Acción Social.

Esa investigación incluyó allanamientos en al menos cuatro locales comerciales de Rawson, al cabo de los cuales secuestraron "tres camionadas" con bolsones de mercaderías, que estaban acopiados en las casas de los comerciantes sospechados (incluidos dos hermanos de apellido Pereyra y otro Barrionuevo) y también en la de Di Módica, indicaron.

 

 

Los investigadores quedaron convencidos del rédito económico que le reportaba la venta de los bolsones a Di Módica, por la declaración de los propios comerciantes, que no dudaron en decir en el Segundo Juzgado Correccional que dirige la jueza Parra, que ellos tenían esos bolsones porque se los compraban a Di Módica.

Al dirigente también lo complicó el testimonio de empleados del depósito de la mercadería situado en Rawson, dijeron.

Para los pesquisas policiales, otra evidencia del beneficio que conseguía el imputado, fue el hecho de que sea dueño de una zapatería en Rawson, vivir en una "lujosa casa" en un barrio privado o poseer de costosos vehículos, dijeron.

 

 

"Hubo fallas en los controles"

El desarrollo de la investigación dejó para los pesquisas policiales y judiciales, la convicción de que "hubo fallas en los controles. Tenemos la versión de que Di Módica no tenía problemas en llegar al depósito con los comerciantes a los que le vendía la mercadería y hacía que se las cargaran directamente en sus vehículos. Debió existir algún chequeo más detallado para evitar que sucedan maniobras como las que se descubrieron. Supongo que ahora verifican si esos módulos llegan efectivamente a sus beneficiarios", dijo un jefe policial.

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