Denuncian irregularidades en la compra de gasoil para movilidades de Angaco

Un concejal justicialista expondrá hoy un informe contra la gestión oficialista.

¿Equipo? El concejal José Risueño, al centro, integró el equipo del intendente José Castro, a la izquierda, y es compañero en el Concejo de Mario Pacheco, el presidente. Su informe revela una profunda diferencia en el oficialismo.

 

La embestida contra el intendente de Angaco, José Castro, por la compra y el uso de combustible para movilidades oficiales ahora vino desde un hombre de sus filas en el Concejo Deliberante. El justicialista José Risueño denunciará hoy en la sesión del cuerpo legislativo una serie de presuntas irregularidades en ese rubro desde enero a junio del año pasado. Entre ellas, que hubo un aumento desmesurado desde el inicio hasta el final de ese período en la cantidad de gasoil utilizado y por ende, de los fondos desembolsados, sin que haya habido un incremento en el número de las unidades que lo justifique. En ese sentido, reflejará que a medida que subieron esos valores, las máquinas y vehículos eran sometidos a reparación, con sus respectivos gastos (ver infografía). Además, dejará sentada la sospecha si en realidad ingresó al municipio tal cantidad de combustible, ya que señaló que no hay remitos que lo comprueben y planteará la duda por sobreprecios.

No es la primera vez que recae un manto de interrogantes sobre el uso de combustibles en la comuna. En agosto de 2016 hubo una denuncia en la Justicia de los concejales opositores que indicaron que Castro destinó recursos municipales para abastecer los vehículos que serían de un grupo de funcionarios y empleados, causa que se encuentra bajo investigación (ver recuadro). Pero ahora el disparo salió desde el propio oficialismo, dado que Risueño proviene del equipo del intendente. Según reconoció, su informe se desencadenó a raíz de la primera causa y en el estudio del caso encontró otras supuestas anomalías, a las cuales accedió este medio. El edil manifestó que sigue dentro del proyecto político, apoyando las iniciativas en favor de los angaqueros, pero que, ante esta situación, no quiere "quedar pegado" frente a las posibles irregularidades, sobre las que busca que el jefe comunal dé explicaciones. La apuesta es que el informe sea derivado a comisión y se envíe al Tribunal de Cuentas. Inclusive, el concejal destacó que no descarta hacer una denuncia en sede judicial.

De acuerdo al informe, de enero a junio de 2017, el uso de gasoil de las 15 movilidades (camiones, máquinas como cargadoras, retropala y motoniveladoras, entre otras) subió un 250 por ciento, mientras lo que se pagó en ese concepto saltó un 287 por ciento. Según Risueño, se mantuvo la misma cantidad de unidades, ya que a las contratadas no se les destina gasoil del municipio sino que sus dueños tienen su propia cuenta corriente. Pero además, a medida que crecía el consumo, las movilidades se encontraban en reparación, tal cual lo demuestra la inversión que se hizo en dicho período (ver infografía).

 

Aumento

250 Es el porcentaje de aumento que experimentó el uso de combustible para las movilidades oficiales de enero a junio de 2017.

Y no solo eso, el oficialista remarcó que faltan los remitos que comprueben la recepción y las cantidades que envía efectivamente el proveedor, Marcelo Daniel López. Es decir, la duda es si ingresó el gasoil por el que se pagó.

Las sospechas incluyen otro punto: el desdoblamiento de los desembolsos por expedientes de combustibles, esto es, la entrega de más de un cheque por cada partida. Según explicará Risueño ante el Concejo, por disposición del Banco Central, por ventanilla no se pueden abonar documentos que superen los 50 mil pesos, por lo que se deben depositar en una cuenta. Como las compras de gasoil superaban ese monto límite, se entregaban cheques por sumas menores, lo que habilitaba el pago por ventanilla y esquivaba el depósito. Así, la presunción del concejal es que se eludía la normativa y se evitaba la recaudación por el impuesto al cheque.

 

En la Justicia

 

Los concejales radicales Sandra Escuela y Alberto Fernández presentaron en agosto de 2016 una denuncia para que se investigue si el intendente José Castro incurrió en el delito de malversación de fondos públicos. La acusación apuntó a que el jefe comunal destinó casi 20 mil pesos de las arcas municipales para el pago del combustible de los vehículos que serían de un grupo de funcionarios y empleados. Castro había rechazado la acusación y había explicado que si se llegó a disponer de dinero para miembros de su plantel político o al personal, "debe haber sido para que cumplan con alguna tarea específica de su función, ya que se trasladan en sus movilidades particulares". En la presentación se detalla que entre los meses de abril, mayo y junio de ese año, ocho personas que desarrollan funciones en el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante utilizaron un total de 615 litros de nafta y 365 de gasoil, lo que arrojó una suma de 19.266,96 pesos. El intendente había dicho además que en ningún caso se entrega dinero o vales de combustible para que se hagan viajes personales.


 

 

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