La Cámara de Diputados avanzaba anoche, al cierre de esta edición, hacia la aprobación de una ley, impulsada por el recién asumido Gobierno del peronista Alberto Fernández, que busca declarar la ‘emergencia pública‘ en materia económica, fiscal o social y afrontar la grave recesión que arrastra el país desde 2018.


El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva -el primero que manda al Congreso el Ejecutivo de Fernández- incluye medidas como diversas alzas de impuestos y de aranceles de exportación de productos agrícolas, modificaciones en el ajuste de las jubilaciones y la delegación al Gobierno de diversas facultades legislativas hasta el 31 de diciembre de 2020.
En una sesión que anoche se esperaba se alargara hasta las 5 de la mañana de hoy por la cantidad de oradores anotados, los diputados del oficialista Frente de Todos comenzaron a exponer su defensa del proyecto y los legisladores de la oposición plantearon los pros y los contras del texto, que, en caso de que sea aprobado, pasará hoy mismo al Senado para su debate y sanción definitiva.


El proyecto de la Ley Ómnibus será votado en la Cámara Alta en una sesión especial sobre tablas, es decir, sin haberse emitido el dictamen de comisión lo que implica que para ser aprobada requiere los dos tercios de los votos.
Hasta el último momento hubo dudas en Diputados sobre si el peronismo lograría los votos para abrir el debate, ya que el bloque de Juntos por el Cambio había adelantado que no avalaría la sesión al considerar que Argentina no está en una situación tan grave y por no querer darle al Ejecutivo facultades especiales, así como por considerar que el proyecto perjudica a la clase media.

Poco antes del comienzo del pleno, el presidente Fernández adelantó en Twitter que si bien su partido cuenta ‘con los votos necesarios‘ para aprobar el proyecto en su ‘actual versión‘, le sugirió al presidente del bloque K, Máximo Kirchner, ‘mejorar la ley‘.

El proyecto, con el que el Ejecutivo quiere afrontar la "dramática situación económica y social" que atraviesa el país declara por un año la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Uno de los puntos que más llama la atención es el impuesto "país" (para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30% y por cinco años la compra de divisas extranjeras para ahorro, las compras en el exterior con tarjetas, los pagos de compras en línea en sitios del exterior y la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior.

"La realidad es dramática, no es una descripción exagerada. Este es el país que se ha recibido", dijo al abrir las intervenciones el diputado peronista Carlos Salomón, que reiteró la necesidad de "desterrar el hambre, reducir la desigualdad y volver a crecer".

El Senado debatirá hoy, a partir de las 14, la Ley de Emergencia Económica, Social y Sanitaria.

"¿Realmente estamos en emergencia en Argentina del modo que se pretende exponer?", se preguntó en la sesión el diputado Luis Pastori, de la Unión Cívica Radical, una de las patas de Juntos por el Cambio. A su juicio, bajo un "rimbombante título", la ley es un pretexto para otorgar "facultades excepcionales" al presidente. "Esta ley no es de solidaridad social, no entendemos la solidaridad social suspender a los jubilados y pensionados la actualización trimestral y dejar al arbitrio del presidente cuánto va a otorgar", criticó.