La idea de transformar un programa de asistencia en uno de capacitación y empleo es más fácil de enunciar que de llevar a la práctica. En el título están todos de acuerdo, pero las diferencias aparecen en el debate sobre cómo implementarlo operativamente.

Para empezar, hay que tomar una definición sobre quién recibirá el beneficio, cuáles serán las condiciones exigidas y cómo se hará la constatación formal de que la contraprestación existe.

En principio, la idea del ministro Arroyo es una drástica reducción en la cantidad de beneficiarios, dado que de los nueve millones de beneficiarios del IFE, el nuevo programa de creación de empleo pasaría a pagar tres millones de sueldos.

Los nuevos beneficiarios cobrarían $17.000. De manera que, desde el punto de vista fiscal, eso implicaría un ahorro de $39.000 millones por cada pago del IFE. Aunque claro, hay un detalle: en los hechos, el IFE nunca llegó a tener una frecuencia mensual sino más bien bimensual. De manera que si el nuevo plan fuera efectivamente adaptado a un esquema de salarios mensuales, en ese caso implicaría un encarecimiento de $10.000 millones respecto del plan de asistencia actual.

En compensación, el otro programa que implementa el Gobierno para paliar el efecto de la pandemia, el complemento salarial ATP, está insumiendo progresivamente menos erogaciones en la medida en que la reapertura de la economía permite que empresas salgan de la situación crítica.

Hay, además, un debate en marcha sobre quiénes serán los sectores a priorizar. Como informó iProfesional, la idea es focalizar la ayuda en el rango etario más joven, el menor de 24 años, lo cual implicaría un cambio respecto del criterio actual, dado que el segmento mayoritario –casi un tercio- que percibe el IFE se ubica entre 25 y 34 años. Por otra parte, el 55% de quienes cobran la asistencia actualmente son mujeres.

Desde el kirchnerismo, se ha visto con mejores ojos la posibilidad de que la nueva asistencia sea bajo el formato de una renta básica universal. La funcionaria que está en el diseño de esta posibilidad es Fernanda Raverta, la titular de la Anses.