Luego de varias horas de tensión, el Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) anunció un principio de acuerdo con los presos que se amotinaron en seis penales bonaerenses y las visitas presenciales, suspendidas ante la emergencia por el Covid-19, quedarán habilitadas a partir del próximo 14 de noviembre.

Las mejoras en las condiciones de detención y el regreso de las visitas de los familiares fueron los principales reclamos de los reclusos de las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín, ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

Las visitas presenciales deberán respetar un estricto protocolos de seguridad sanitaria para preservar la salud pública y evitar contagios de coronavirus en las distintas dependencias. Habrá pruebas pilotos y cupos.

"Se pudo arribar a este acuerdo a través del funcionamiento de las mesas de dialogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y DD HH, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos", informó el SPB.

Las visitas de familiares de internos habían sido suspendidas en un acuerdo voluntario entre autoridades e internos el 12 de marzo de este año, de conformidad a la normativa nacional y provincial que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación del Covid-19 en las cárceles.

En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".

En el penal de San Martín, hubo ocho celadores -tres mujeres y cinco hombres- que fueron tomados de rehenes y luego liberados, dijeron las fuentes. Las fuentes añadieron que tanto en Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público.

Los voceros aclararon que desde los incidentes ocurridos en abril último en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios.

Fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia precisaron a Télam que "una delegación de este organismo se dirigió a los penales para tratar de dialogar con los detenidos". Sin embargo, cuando ese diálogo estaba avanzando comenzaron a pedir la morigeración de las penas, por lo que hubo un compromiso de trasladar ese reclamo a los juzgados correspondientes.

El descontento de los presos se tradujo en un audio que circulaba en redes sociales: "No puede ser que la gente no respete el aislamiento. Abrieron hasta los shoppings y nosotros no podemos tener contacto con nuestras familias", dice un hombre que se identifica como interno en una del las cárceles.

Además, ante los levantamientos, se produjeron enfrentamientos entre los internos y los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque por el momento no se había confirmado si se produjeron heridos. El SPB debió desplegar al Grupo Especial Antimotines y Requisa (GEAR) para intentar contener los motines.