En medio de febriles negociaciones y cambios de último momento en la letra chica, el presidente Alberto Fernández se reunió con los gobernadores en la Casa Rosada y firmaron una adenda al Consenso Fiscal -sellado en noviembre de 2017 con Mauricio Macri- para postergar por un año la baja de Ingresos Brutos y abrir la puerta a una potencial mayor presión tributaria, en un guiño a los mandatarios que reclamaban oxígeno para sus finanzas ante la caída de los ingresos por la crisis.

El entendimiento quedó marcado por una pulseada inesperada, luego de que los gobernadores se sorprendieran en el último tramo del día de ayer con la recepción de un segundo boceto de adenda, que extendía a todos los juicios de coparticipación la obligación de las provincias de suspender por un año las acciones, en pos de una salida política.

El primer borrador circunscribía ese compromiso sólo a los distritos -poco más de una quincena- que accionaron en la Corte contra los decretos post PASO de Macri que golpearon la coparticipación, con la suba del piso de Ganancias y la quita del IVA a alimentos de la canasta básica.

Pero el segundo texto era claramente adverso para distritos que llevan adelante juicios de otra índole, con foco en Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, que tienen fallo a favor pero no liquidación aprobada. Y para los que evalúan activarlos. Frente al malestar causado por el retoque, finalmente el Gobierno nacional accedió a volver al formato anterior, que fue puesto a consideración de los gobernadores.

Tras desfilar desde cerca de las 10 ante funcionarios del Ministerio del Interior, los ministros de Economía de las provincias recalaron luego en la Comisión Federal de Impuestos, donde analizaron la letra fina del reformado texto de la adenda y, en particular, el espinoso capítulo de los juicios.