El Ministerio de Justicia provincial puso en marcha un plan para facilitar que la Justicia otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los 1.421 reclusos que por ley podrían estar en sus casas con tobillera electrónica. En paralelo, hay un operativo para devolver a sus países de origen a los extranjeros que cumplieron más de la mitad de la condena y que también les corresponde ser deportados.

El motivo de la decisión de Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia de la provincia, es que ya no hay lugar en las cárceles. Los penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense  que dependen de la cartera de Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de su historia. 

En los penales de Buenos Aires hay lugar para alojar a 28 mil detenidos. Según informó el Servicio Penitenciario Bonaerense, actualmente hay 41.267 personas presas, de las cuales hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres detenidas.

Por otro lado, informó que hay cerca de 300 extranjeros en condición de volver a sus países y que 12 ya fueron devueltos. “La gobernadora María Eugenia Vidal está de acuerdo siempre que sea acorde con la ley. Cuando cumplen más de la mitad de la condena deben volver a su país. Sino, los ciudadanos terminar por pagar su mantenimiento en la cárcel”, agregó Ferrari en comunicación con TN.