El singular ingreso de fondos a las arcas públicas que ya generó el blanqueo de activos líquidos: pesos, moneda extranjera y colocaciones financieras, en el país y en cualquier parte del mundo, no sólo le dio un sorpresivo alivio a las finanzas públicas, sino que, mejor aún, le garantizó al titular de la Anses cumplir con el mandato de la Ley 27.260 de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados.
 

Un día después de que el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda  y Finanzas saliente, Alfonso Prat-Gay, publicaran en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1.553, que autorizó un escalofriante aumento de déficit fiscal en casi $25.000 millones, los dos funcionarios rubricaron otra DA, la 1.568, que autorizó la transferencia a las cuentas de la Anses  en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de $62.500 millones.
 

Se trata de los recursos ingresados al fisco, en concepto del Impuesto Especial de 5% o 10% del valor de los activos exteriorizados hasta un par de días previos a la fecha de la citada norma de redistribución de partidas presupuestarias, que serán destinados a cancelar deudas declaradas y potenciales con jubilados y pensionados, por errores acumulados en la liquidación mensual de haberes, así como a elevar los haberes actuales, independientemente del que se aplica semestralmente, por efecto de la movilidad jubilatoria.
 

De este modo, la Anses, que apenas una semana atrás había anunciado que 294.426 jubilados comenzarán a cobrar desde enero un incremento promedio del 28,9% en sus haberes, pasarán de $11.307 a $14.575 por mes, gracias al Programa de Reparación Histórica, de los cuales 69.938 (un 24%) personas saldrán de la jubilación mínima, podrá avanzar con el programa de regularización anticipada de la deuda declarada y flotante con jubilados y pensionados.