Cerrojo K. Héctor Recalde presionó durante varios minutos para empujar la sesión al fracaso por falta de quórum, pero el massismo le puso freno. 


En una accidentada sesión especial, donde la alianza oficialista Cambiemos corrió serio riesgo de no tener quórum, el oficialismo de la Cámara de Diputados aprobó anoche, en general, el proyecto de ley que penaliza la corrupción empresaria contra la Administración Pública con fuertes multas y la prohibición de participar en licitaciones públicas, entre otras sanciones. Pero el debate en particular del proyecto se pasó para el 5 de julio por los serios desacuerdos con la oposición sobre algunos artículos.


Cuando la sesión iba camino al caos, se aceptó la propuesta de la diputada Elisa Carrió de postergar el tratamiento en particular con la idea de retomar el debate con propuestas consensuadas.


Así, Cambiemos logró la aprobación en general con el apoyo del massimo, que, a cambió, consiguió el compromiso del oficialismo para que se consideren algunas de sus propuestas en el tratamiento en particular.


A favor de la iniciativa votaron 131 diputados; en contra lo hicieron 63, en tanto que siete se abstuvieron.


Antes de aprobar en general el proyecto, el bloque Justicialista (BJ) propuso la vuelta a comisión del texto, moción que fue rechazada por 118 diputados (Cambiemos y Frente Renovador) y apoyada por 83 (BJ y Frente para la Victoria-PJ).
Cambiemos logró alcanzar el quórum reglamentario después de estar al filo de que la misma se cayera antes de la votación por la falta de consensos. 


El oficialismo logró juntar a los 129 legisladores para habilitar el debate con los contados apoyos opositores y pese a la presión ejercida por el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, para que se levante la deliberación al cumplirse el plazo de espera de media hora que establece el reglamento para reunir el quórum. Ante el pedido del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, decidió otorgar un nuevo plazo que luego se extendió tras un encendido discurso de la massista Graciela Camaño, que repudió la postura de Recalde. ‘Nosotros hemos soportado hasta seis horas de espera cuando el kirchnerismo era oficialismo y quería sesionar, y ha cometido todo tipo de tropelías, y por eso ahora estamos pidiendo hacer un esfuerzo porque el tema a tratar así lo amerita‘, agregó la legisladora.


La propuesta oficial de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública. Contempla, entre otras cosas, introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.


El artículo más polémico es el que crea la figura legal del ‘colaborador eficaz‘ fuertemente cuestionada por la oposición que rechaza que no se le apliquen sanciones penales por aporte de datos que puedan esclarecer hechos de corrupción.
 

Massa va por más

El diputado nacional, Sergio Massa, consideró ‘fundamental‘ que ‘haya políticos y empresarios presos por corrupción‘, en el marco del debate por la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. ‘Cuando un empresario paga una coima tiene que ir preso. Por eso estamos planteando que se suba la pena del cohecho’, expresó.
 


Expectativa por freno a condenados

El proyecto para limitar excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por violaciones, muertes por torturas, robos a mano armada, trata de personas, o narcotráfico, estaba a punto de ser debatido anoche en la Cámara de Diputados, ante la expectativa de que esa iniciativa fuera convertida en ley.


La solicitud de incorporar en el temario el debate del dictamen sobre excarcelaciones fue propuesta por el radical Luis Petri y su propuesta obtuvo el respaldo de 115 contra 13 votos, con lo cual consiguió que se incorpore en la agenda de los proyectos que se pensaban debatir en la sesión especial que se desarrolló ayer.


La iniciativa que se convertirá en ley aceptará las modificaciones introducidas por el Senado, por los cual sólo se impedirá las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por violaciones, muertes por torturas, robos a mano armada, trata de personas, o narcotráfico. De esta manera, el Congreso dará una nueva herramienta para evitar que puedan tener un sistema de salidas de la cárcel los delincuentes que hayan cometido delitos graves como sucedió con el asesino de la joven entrerriana Micaela García.


El debate cobró impulso tras el crimen de Micaela García, cometido presuntamente por Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir sólo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.