La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió ayer dos nuevos procesamientos (ya son diez) por presunta corrupción, que vuelven a incluir órdenes de detención que seguirán sin hacerse efectivas porque tiene fueros parlamentarios.

De los diez procesamientos dictados a la senadora nacional de Unidad Ciudadana, cinco fueron con prisión preventiva. Sin embargo, Cristina no corre riesgo de ir a prisión mientras los senadores del PJ se mantengan fieles a la ‘doctrina Pichetto’ de no aceptar el desafuero de un legislador hasta tanto tenga condena firme en primera y segunda instancia. 
El juez federal, Claudio Bonadio, que encabeza la mayoría de las causas que afectan a la exmandataria y a quien ella ha recusado en varias ocasiones, decidió procesarla en el marco de las investigaciones por presuntos subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor durante su mandato.

El magistrado procesó a la expresidenta por ‘asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y administración fraudulenta’ por hechos desprendidos de la llamada causa de los cuadernos, en base a las anotaciones que realizaba el chofer Oscar Centeno sobre las actividades que le ordenaban desde el Ministerio de Planificación Federal, y que estaban vinculados con subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor.
El juez Bonadio consideró a la expresidenta como la jefa de una asociación ilícita. 
Bonadio también procesó, aunque sin prisión preventiva, a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos por los subsidiados investigados y para acceder a la explotación de esos servicios. 

Entre los empresarios procesados por haber pagado coimas a exfuncionarios kirchneristas se encuentran Sergio Taselli, Claudio Cirigliano y Gabriel Romero (ferrocarriles) y Aldo Roggio (ferrocarriles y subte).

‘A cambio de esos pagos, los referidos funcionarios públicos, les mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios’, sostuvo Bonadio a través de uno de los fallos que emitió ayer.

En relación a los subsidios para el transporte de pasajeros en colectivos, los procesados fueron Pedro Ochoa Romero (exComisión Nacional de Regulación del Transporte) y el empresario Mario Cirigliano, entre otros.

Durante el período comprendido entre julio de 2003 y mayo de 2012, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían’, sostuvo Bonadio en el segundo de los fallos que dictó ayer. 

El magistrado también remarcó ‘a tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados’.

Al explicar el hecho, el magistrado sostuvo que el ‘sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes’. ‘La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial’, remarcó Bonadio.
 

El rosario de causas que  la acorralan

Ayer el juez Claudio Bonadió procesó Cristina por los subsidios irregulares a empresarios de micros y trenes. El lunes el mismo magistrado la había procesado, también con prisión preventiva, por defraudación por el supuesto pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Este mes el magistrado también había procesado a la senadora el supuesto ‘ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos‘, a raíz del hallazgo en su casa de El Calafate de documentos históricos, en una causa desprendida de los cuadernos. 

Antes, Bonadio también la procesó con prisión preventiva en la causa de los cuadernos en la que fue acusada de liderar una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a empresarios relacionados con la obra pública, por medio de un esquema vinculado al exMinisterio de Planificación. En 2016, Bonadio la procesó por el caso de las supuestas irregularidades en las operaciones con dólar futuro. En abril de 2017, la procesó en la causa conocida Los Sauces donde la acusó de utilizar esa firma para canalizar a través de negocios inmobiliarios los supuestos retornos de la concesión de contratos de obra pública durante su gobierno.

A fin de ese año, el mismo juez procesó a la expresidenta por el delito de traición a la patria bajo la acusación de haber promovido la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA a través de la firma del memorando de entendimiento entre Argentina e Irán y por primera vez pidió su desafuero y detención. 

Los otros dos procesamientos, sin prisiones preventivas se dieron en el marco de dos causas instruidas por el juez Julián Ercolini: uno es la causa Hotesur donde la acusación es similar a la del caso Los Sauces y en el expediente en el que se la investigó por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.