La Confederación General del Trabajo (CGT) le reclamó ayer al Gobierno nacional el pago de un bono universal de 5 mil pesos antes de fines de septiembre para todos los trabajadores.

A su vez, los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, habilitaron la posibilidad de avanzar con una tarjeta alimentaria para la compra de ese tipo de productos, que se suma al seguro de desempleo que cobran los desocupados. Aún falta definir la forma en la que se implementará y la cantidad de gente que se beneficiará.

El encuentro se desarrolló en la cartera de Desarrollo Social. En ese contexto, se debatió un programa alimentario para los sindicatos que estén con afiliados desempleados. Se trataría de una tarjeta alimentaria que complementaría la ayuda social que ya tiene acordada la Nación con la CGT.

"Se impone que el Gobierno tome nota de la dramática situación social y amplíe las partidas de los comedores escolares y extienda su funcionamiento los sábados y domingos, y que pague un bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores", señalaron voceros gremiales.

El Gobierno acordó ayer con la cúpula de la CGT un mecanismo de apoyo de los gremios para contener la demanda de los comedores para los sectores más vulnerables y en paralelo la Casa Rosada analizará una ayuda social extra a los desocupados de los gremios.

Los líderes de la cúpula de los gremios se comprometieron a pasar un listado con los comedores por asistir. Se trata de barrios donde los movimientos sociales y la Iglesia no llegan.

Desde la CGT aseguraron que en el encuentro se habló de "la inmediata reapertura de paritarias". Sin embargo, Stanley afirmó que la discusión paritaria no estuvo entre los temas.

Los gremialistas pidieron el pago de un bono "extraordinario" y Sica se mostró "abierto": prometió analizar la implementación luego de conocerse el índice de la inflación de agosto -será este jueves-. En la Casa Rosada dejaron correr que habría bono, aunque todavía sin confirmación de monto y fecha.

Stanley y Sica encabezaron el encuentro para analizar la demanda gremial de "emergencia alimentaria", y coincidieron en señalar al término de la reunión de casi una hora y media que "el diálogo fue positivo" y "se convino la conformación de una mesa de trabajo". Sin embargo, Stanley aclaró que la emergencia alimentaria "es una iniciativa cuya aprobación es resorte exclusivo del Parlamento". A la reunión asistieron, entre otros, Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos referentes que lideran la cúpula de la CGT.

Diputados: un proyecto consensuado

Diputados nacionales de la oposición presentaron ayer el proyecto consensuado sobre la declaración de la "emergencia alimentaria".

El texto lleva las firmas de diputados del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Justicialismo, el Movimiento Evita, el peronismo puntano y el oficialismo misionero, por lo que con la presencia de los integrantes de los miembros de cada una de esas bancadas tendría asegurado el quórum para sesionar.

Los referentes opositores mantuvieron reuniones informales para llegar finalmente a un texto acordado en base a los aportes de los diferentes espacios. Los bloques terminaron de decidirse por avanzar con la presentación del proyecto y el pedido de sesión, luego de que Stanley declaró que "la emergencia alimentaria depende del Congreso".

Mientras repasaban los últimos detalles del proyecto que presentarían en la Cámara Baja, los diputados de la oposición analizaban cuándo realizar la sesión especial para debatir el tema, en principio el jueves a las 11. Se descuenta que si la oposición logra el quórum, el oficialismo ingresará al recinto para bloquear los dos tercios que se requieren para habilitar el tratamiento del tema.

Herramientas administrativas

La iniciativa busca darle al Ministerio de Desarrollo de la Nación las herramientas administrativas para que la gestión en la compra de alimentos que llegue a los municipios sea mas rápida y se distribuyan entre los sectores más carenciados.

El proyecto establece la "prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002". En otro artículo se dispone "un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

También se "faculta al jefe de Gabinete de la Nación, a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Los firmantes del proyecto de ley son los kirchneristas Agustín Rossi y Carlos Castagneto; los justicialistas José Bahillo y Carolina Moisés y las massistas Cecilia Moreau y Carla Pittiot. Además lo hicieron Felipe Solá y Daniel Arroyo (Red por Argentina), Victoria Donda (Somos), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Carmen Bianchi (PJ-San Luis) y Jorge Franco (Renovador de Misiones), entre otros.