El oficialismo impulsará en las próximas semanas, en la Cámara de Diputados, el tratamiento de proyectos de ley de transparencia con el fin de evitar los conflictos de intereses que puedan aparecer en los tres poderes del Estado, dado que los decretos que fue diseñando la Oficina Anticorrupción sólo competen al Poder Ejecutivo.

La intención del interbloque Cambiemos es arrancar las próximas semanas, a nivel de comisión, el análisis del proyecto del jefe de esa bancada, Mario Negri, y de su colega Karina Banfi; más otras iniciativas impulsadas por la oposición para establecer los criterios que se aplicarán cuando choquen los intereses privados y del Estado.
De todos modos, el oficialismo aguardará los decretos que redacta la Oficina Anticorrupción (se podrían conocer hoy lunes), para complementarlos con una iniciativa más amplia, que abarque a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, informaron fuentes parlamentarias.

La necesidad de reformar artículos de la ley de Ética Pública quedó planteada cuando se desató la controversia por el preacuerdo del Correo Argentino (del grupo Macri) y el Estado argentino por una deuda impaga desde que se le quitó la concesión en 2003, y el otorgamiento de rutas -ahora suspendido- a la empresa Avianca.

Banfi señaló que ‘la ley busca una solución de fondo a los conflictos de intereses que puedan aparecer en los tres poderes del Estado, mientras que los decretos sólo contemplarán los casos de conflictos de intereses referido a contrataciones y juicios contra el Estado‘.

Consultada por Télam sobre si analizaban este tema con el Gobierno nacional, la diputada radical y especialista en temas de transparencia señaló que ‘estamos en permanente diálogo (con la Oficina Anticorrupción) y trabajamos en conjunto‘. 

En ese sentido, Banfi señaló que ‘ahora se trabaja de manera diferente y se buscan consensos, distinto a lo que ocurría en el kirchnerismo, cuando el Congreso Nacional era solo un apéndice del Ejecutivo‘.

El proyecto presentado por Negri y Banfi reforma la ley de Ética Pública, y establece un mecanismo de prevención para evitar los conflictos de intereses, como los ocurridos en el caso del Correo, y en el de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, donde también se mezclaron intereses públicos y privados.

La iniciativa busca evitar los conflictos de intereses y se analizará entonces hasta el cuarto grado de consanguinidad del funcionario, legislador o juez involucrado. Estas oficinas estarán integradas por personas idóneas, seleccionadas a través de concurso público de antecedentes; deberán recibir consultas, controlar y publicar las declaraciones juradas, formular denuncias penales, crear registros de regalos (hoy sólo lo tiene el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción) y de consultas. Ante un requerimiento o recomendación, la autoridad de aplicación tendrá 15 días hábiles (prorrogables por otros 15) para relevar información, analizar el caso de posible conflicto de interés y hacer una recomendación, que será pública. Se considerará conflicto de interés en el ejercicio de la función pública a toda situación en la que choquen o puedan chocar el deber público y los intereses privados de un funcionario.
 

Peña va a Diputados

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindará este miércoles su primer informe del año ante la Cámara de Diputados, lo que se convertirá en el plato fuerte de la semana en el Congreso Nacional. Peña se presentará en el recinto de la Cámara Baja a las 10. Mañana será el turno del ministro de Salud, Jorge Lemus.

También le apuntarán  a los fueros

El oficialismo de la Cámara de Diputados también buscará avanzar esta semana en el debate sobre los fueros parlamentarios, para facilitar el accionar de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales. Esta idea surgió luego de la controversia generada el año pasado cuando el ex ministro de Planificación kirchnerista y actual diputado del FPV-PJ, Julio De Vido, se amparó en esa herramienta para impedir que la Justicia ingrese a uno de sus domicilios.

El debate de esos proyectos se concretará este martes a las 14, en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Pablo Tonelli (PRO), donde Cambiemos aspira a avanzar en un dictamen sobre la base de un proyecto del presidente de bloque PRO, Nicolás Massot, mediante el cual se elimina el párrafo de la ley que supedita los allanamientos de la Justicia a la previa autorización de la respectiva Cámara.

La discusión se planteó en junio pasado, cuando la Cámara debatía la controversia generada luego de que el diputado del FPV-PJ Julio De Vido se amparara en sus fueros para impedir una medida judicial de esas características.

El proyecto del diputado del PRO propone eliminar de la Ley de Fueros el artículo que precisa que ‘no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara‘.