A medida que se acerca el 23 de enero, la fecha de largada para las sesiones extraordinarias donde se definirá cómo sigue la embestida del oficialismo contra el Poder Judicial, crece la incertidumbre y la preocupación de distintos sectores por la crisis institucional y su impacto a mediano y largo plazo. Ya no solo se trata de medir el poder de fuego del oficialismo y la oposición en el Congreso. Frente a este escenario, un grupo de 500 empresarios y reconocidos profesionales de distintos rubros, enviaron una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados "preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina". En ella, solicitaron que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque 'pone en duda cualquier deci­sión de inversión a largo plazo en Argentina por la inseguridad jurídica'.

"La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos", expresaron en el texto.

Además, apuntaron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte "por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional", es un desatino institucional y que pone en evidencia a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.

Los firmantes apelaron a la "conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas".

La motivación del reclamo fue "darle más peso" a las críticas respecto del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte, que ya había sido cuestionado por diversas entidades que agrupan al empresariado. La idea fue, en este caso, hacerlo con nombres propios.

A la carta adscribieron varios nombres fuertes del sector empresario como Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchison (Grupo Murchison), Nicolás Braun (La Anónima), Santiago Mignone (PwC), Javier Goñi (Ledesma), Gonzalo Tanoira (ACDE - San Miguel), Guibert Englebienne (Globant), Luis Bameule (AEA), Facundo Gómez Minujin (Amcham), Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Juan Carlos Cassagne, Máximo Fonrouge, Julio Saguier, Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, entre muchos otros.

Previamente a esta manifestación, preocupados por el impacto institucional y el efecto sobre el clima de negocios, empresarios representantes de las principales entidades, integrados en la Unión Industrial Argentina, expresaron masivamente su rechazo a la ofensiva. "La imagen institucional en el plano internacional es fundamental. No solo por el tema de la deuda en la Argentina, sino por la credibilidad para la inversión que necesitamos para el desarrollo", dijo a título personal Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina.

No al espionaje ilegal

En un durísimo fallo contra el espionaje ilegal, el juez Sebastián Ramos absolvió a Silvio Robles, el vocero del jefe de la Corte, Horacio Rosatti, en una causa derivada del escándalo de los chats. Para el juez 'las escuchas ilegales no pueden considerarse como pruebas'.

Se bajó una massista

• Un cambio en la Comisión enjuiciadora

El oficialismo en la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados tiene mayoría y esto le garantiza los votos para abrir el proceso contra los miembros de la Corte Suprema apenas se activen las sesiones extraordinarias. Pero antes de empezar habrá un cambio de figuritas en la integración de la comisión. Es que la legisladora massista Vanesa Massetani dejará su lugar y será reemplazada por el peronista riojano Ricardo Herrera, alineado con el gobernador Ricardo Quintela.

Así lo confirmó durante la tarde de ayer el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, en declaraciones al canal Diputados TV. El referente oficialista en la Cámara baja aseguró que la diputada massista Massetani declinó finalmente su lugar en la Comisión de Juicio Político por un "asunto familiar".

Martínez ratificó además que el Frente de Todos buscará que la primera reunión de la comisión de Juicio Político, que preside la entrerriana Carolina Gaillard, se realice el próximo 26 de enero. Pero aclaró que ese día no se definirá la admisibilidad del proceso sino que se pondrán a consideración los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte.

La salida de Massetani de la Comisión de Juicio Político venía siendo evaluada por el massismo desde que el presidente Alberto Fernández y una decena de gobernadores del PJ impulsaron el enjuiciamiento contra los jueces de la Corte. Ya en un primer momento la diputada oriunda de Santa Fe le había planteado a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, que tenía que atender un problema de salud en su familia.

El diputado que reemplazará a Massetani, Ricardo Herrera, está alineado con el gobernador riojano Ricardo Quintela, un activo impulsor del juicio político a los magistrados supremos, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.