En su discurso de 108 minutos, el presidente Alberto Fernández emitió ayer en el Congreso un mensaje con fuerte tono confrontativo en un año electoral en que los argentinos designan legisladores nacionales.

Sin dejar de hacer referencia a la pandemia por el coronavirus, el presidente inició ayer pasadas las 12 en la Cámara de Diputados su discurso ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias.

El duro tono discursivo de Alberto contra la oposición tuvo un momento clave cuando el presidente dijo que instruyó a su equipo para presentar una denuncia penal por el endeudamiento "criminal" que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Nos hemos enterado además que hay ocho expedientes en el FMI para investigar las responsabilidades de quienes tomaron la deuda", advirtió Fernández.

En lo que podría considerarse el inicio de la campaña electoral, el Presidente marcó toda una serie de temas -salud, vacunas, educación, pobreza, tarifas, derechos humanos, justicia- en los que sus medidas se diferenciaron de las del "gobierno anterior", apuntándole a una oposición a la que vinculó con los poderes económicos concentrados.

A diferencia de lo que ocurrió hace un año, cuando buscó imponer un tono institucional, cerca del Presidente destacaron que el discurso fue "político". Ganar las elecciones es el mandato rector que atraviesa al Frente de Todos.

"Hay quienes se sorprenden de que haya diferentes opiniones dentro de nuestro gobierno o de nuestra fuerza política. Cuanta mayor unidad haya en pos de la reconstrucción argentina, mayor diversidad habrá en esa unidad. La unidad es sinfónica", resaltó Fernández, quien según observadores, se alineó "como nunca" con Cristina.

Al inicio de la Asamblea Legislativa, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó al recinto, el diputado macrista Fernando Iglesias desde su banca le gritó: "Cumplí con la ley, ponete el barbijo".

Ante los constantes gritos de Fernando Iglesias, Alberto le respondió: "Tuvo cuatro años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor?". Luego, la vicepresidenta le tocó el brazo al Presidente con su mano derecha como para tranquilizarlo y sonrió levemente.

El presidente también recordó que su gestión de la pandemia fue criticada desde el principio por "no priorizar la economía" al decretar el aislamiento, que se llegó a decir que "la pandemia era un invento" del gobierno, y hasta se publicó una solicitada que "hablaba de una infectadura".

Fernández señaló a los sectores que criticaron el plan de vacunación. "Blasfemaron contra la vacuna fabricada por el Instituto Gamaleya y nos acusaron de envenenar a la población", afirmó y agregó que esas mismas personas que hicieron una denuncia penal después "alzaron sus dedos acusatorios reclamando que el supuesto veneno que administrábamos era insuficiente".

En el marco de un escenario atípico, sin invitados con motivo de las normas sanitarias de prevención por la pandemia, ante 90 legisladores y el gabinete nacional, con los 24 gobernadores y los cinco integrantes de la Corte Suprema conectados de manera virtual, Alberto Fernández encabezó ayer su segundo discurso para abrir las sesiones ordinarias.

En ese contexto, el mandatario anunció que propondrá a los gobernadores de las provincias la creación de un Tribunal Federal de Garantías que aborde "exclusivamente cuestiones de arbitrariedad" para evitar manejos discrecionales por parte de la Corte Suprema.

Como novedad, anunció que enviará una reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y evaluar la conducta de los jueces, en su momento reformado por Cristina Kirchner, con el argumento que había que agilizarlo.

Fernández afirmó ayer que está enfocado en la lucha contra la inflación y resaltó que la recuperación de los ingresos reales constituye "un elemento fundamental para el crecimiento". Por eso, enfatizó que para su Gobierno, lograr que los salarios le ganen a la inflación es prioridad para este año.

Por otro lado, el presidente argentino instó al Congreso de la Nación a apurar el tratamiento del proyecto que busca modificar el Impuesto a las Ganancias y subir el mínimo no imponible a 150 mil pesos brutos.

Buscan cambiar la Corte Suprema

En su discurso, Alberto Fernández volvió a cuestionar a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema. "El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano", aseguró.

Y agregó: "Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no goza ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado paga hoy el impuesto a las ganancias que sí tributan millones de trabajadores. En el caso de los miembros de la Corte, acceder a la declaración jurada es virtualmente imposible".

Según Alberto, el Tribunal de Garantías tendrá competencia en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. Pero el cuestionamiento a la Justicia no quedó allí. También le pidió al Congreso que cumpla un rol de control del Poder Judicial. "Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que está ocurriendo en la administración de Justicia", aseguró.

Anunció que enviará una reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y evaluar la conducta de los jueces, en su momento reformado por Cristina Kirchner, con el argumento que había que agilizarlo. Alberto no detalló la letra chica, pero retomó aquel argumento: pidió "optimizar" los procesos y cumplir con viejos reclamos de la Corte Suprema, que siempre resistió las facultades de ese organismo para controlar los recursos.

Puede ser un arma de doble filo para el máximo tribunal, porque el debate podría exhibir sus cuantiosos ahorros.

El funcionamiento de la Magistratura formó parte del estudio del comité de expertos creado por el presidente para evaluar a la Justicia y recomendó elevarlo de 13 a 16 miembros, con cuatro representantes por sector: político, jueces, abogados y académicos.