La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura ordenó las primeras medidas de prueba para analizar si el juez federal Luis Rodríguez incurrió en mal desempeño y debe ser removido de su cargo.

Durante el debate entre los consejeros, que se extendió sólo 10 minutos, se acordó no convocar a declarar por ahora a Carolina Pochetti, la arrepentida de la causa de los Cuadernos que aseguró que Rodríguez recibió una coima de USD 10 millones para beneficiar a su difunto esposo y ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz.

El encuentro fue presidido por el senador peronista Miguel Pichetto y Diego Molea fue el miembro informante en representación de las cinco denuncias presentadas contra el juez: dos de la Coalición Cívica, dos del abogado Ricardo Monner Sans, y  una del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las medidas de prueba que se ordenaron, se votó solicitarle al Banco Central un informe sobre los movimientos que se registraron en las cuentas y en las tarjetas de crédito del magistrado e incorporar al expediente disciplinario una copia certificada de la declaración de Pochetti en la causa iniciada por las anotaciones de Oscar Centeno, que instruye Claudio Bonadio.

También se le girará un oficio a la Cámara Federal para conocer los motivos por los cuales Rodríguez fue apartado de la causa sobre la sucesión de Muñoz y se requerirá una copia sobre la exención de prisión con la que el magistrado benefició a Pochetti en ese expediente.

A la par, se solicitará autorización para acceder a la declaración jurada de Rodríguez, se requerirán a la Dirección de Migraciones datos sobre los viajes realizados por el magistrado y su familia, y se incorporarán informes de dominio de inmuebles y automotores del grupo familiar del juez.

"Se decidió unificar todas las denuncias. Por parte de este organismo, los tiempos van a ser los más rápidos posibles. Ya hemos dado hoy una clara demostración de ello. Lo que sí tenemos que dejar en claro es que el Consejo no tiene potestades jurisdiccionales como para llevar una causa penal, pero sí puede recibir declaraciones juradas", precisó Molea luego de la reunión.

Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones fueron los únicos que plantearon disidencias. Aseguraron que el cuerpo no tiene facultades para pedir informes financieros y bancarios al Banco Central.

A la par del expediente administrativo, se abrió una causa penal para investigar si Rodríguez recibió la coima denunciada por Pochetti.