Con la firma de unos 7 mil jubilados, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, presentó ayer ante la Justicia una demanda colectiva para cuestionar el cambio en el cálculo jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional, solicitando que se declare su inconstitucionalidad.

La demanda fue presentada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, subrogante. En el caso de no obtener una resolución favorable, Semino adelantó que pedirán un recurso "per saltum" para llegar a la Corte Suprema.

"Tenemos ya siete mil adhesiones, no sólo las de la Ciudad de Buenos Aires, sino del interior del país, Córdoba, Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, que nos van mandando sus peticiones", contó Semino en declaraciones a radio Continental.

"Lo que se apunta -indicó el funcionario- es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, entre otros, donde la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho".

En este sentido, al explicar los detalles de la presentación, Semino sostuvo que están "planteando la inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se aplique a todos por igual, para que se aplique el índice que había generado la ley de movilidad".

Asimismo, manifestó que los que cobran la jubilación mínima están exceptuados de esta presentación "porque con el nuevo esquema están percibiendo 192 pesos más por mes respecto del esquema anterior".

"La idea es volver a la movilidad anterior hasta que se fije otro tipo de movilidad. Lo que estamos tratando es de evitar y ayudar al Gobierno y a los jubilados para que no haya una nueva ola de litigiosidad", insistió.

El gobierno nacional de Alberto Fernández dispuso un aumento para todos los jubilados de 2,3 por ciento más un fijo de 1.500 pesos y la Defensoría argumenta que mientras que para los que cobran la mínima implica un incremento, para los que perciben por encima de ese monto significa una pérdida de ingresos respecto del anterior cálculo jubilatorio.

Cuando anunció el nuevo aumento, el Presidente lo presentó como un nuevo esquema "solidario" que favorece a los jubilados que menos cobran frente a los que más ganan. Se calcula que el Gobierno nacional podría ahorrar $100.000 millones en todo 2020.