El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio la luz verde definitiva al acuerdo para refinanciar la deuda de Argentina por 45.000 millones de dólares tras dos años de arduas negociaciones para obtener una nueva línea de financiamiento. El acuerdo implica una ráfaga de oxígeno financiero para las arcas del Banco Central ya que ayer mismo recibió un primer envió de fondos por 9.656 millones de dólares para apuntalar las reservar y hacer frente a los pagos de capital e intereses vencidos del préstamo acordado en 2018. Así lo informó ayer por la tarde el organismo que preside Kristalina Georgieva.

Se trata de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) que prevé un período de repago de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, por lo que Argentina comenzará a pagar la deuda recién a partir de 2026 y hasta 2034.

El nuevo acuerdo, el 22º en la historia de la Argentina y el Fondo, tendrá una duración de 30 meses por un monto de 31.914 millones de DEG, equivalentes a U$S 44.000 millones, o el 1.000 por ciento de la cuota del país en el FMI.

El eje que da vida al plan es una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal hasta equilibrar las cuentas públicas en 2025, reduciendo la emisión monetaria del Tesoro, vista como una de las causas principales del fuerte aumento de los precios.

El ajuste fiscal se concentrará en el recorte de los subsidios a la energía, que tendrá como contrapartida un aumento en las tarifas de la electricidad y del gas a los hogares de mayores ingresos del país -ver nota vinculada-.

El nuevo programa nace con enormes desafíos y fuertes dudas sobre su viabilidad. La guerra en Ucrania provocó un aumento de los alimentos, el petróleo y el gas, y le puso más presión a la inflación local y complicó el sendero de ajuste fiscal por el impacto que tienen los precios de la energía sobre los subsidios.

Del mismo modo hay dudas sobre la fortaleza política del presidente Alberto Fernández que atraviesa una etapa de fuertes turbulencias con su principal socia en el Gobierno, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y su núcleo duro que rechaza de plano este acuerdo.

En este escenario la capacidad política para implementar el plan es incierta por la fractura política y polarización del Frente de Todos a pesar de que este Gobierno no deberá hacer frente a los pagos de la deuda ya que se postergaron los vencimientos para 2026. Sin embargo, el plan del Gobierno también ha sido deshilachado por economistas porque "patea" los problemas para adelante al dejar de lado reformas estructurales y problemas de fondo de la economía.

La Casa Rosada ha defendido el nuevo acuerdo al afirmar que uno de los objetivos centrales del plan es "mantener la recuperación económica y social". Mientras, Alberto Fernández ha reiterado que con este acuerdo evita un ajuste aunque el aumento de las tarifas implicará, en los hechos, un ajuste, un salto del dólar y reformas estructurales como un cambio previsional o laboral, iniciativas complejas que suelen conllevar un amplio rechazo social.

Entre las principales metas del acuerdo que debe cumplir Argentina está la baja gradual y sustentable del déficit fiscal al 2,5% del producto bruto interno este año; 1,9% en 2023; 0,9% en 2024, y 0% o equilibrio fiscal en 2025. La letra del nuevo convenio contempla además crecimiento para este año de entre el 3,5 y el 4,5%,

una reducción de la inflación a un rango del 38 al 48%, y un aumento de las reservas netas del Banco Central de 5.800 millones de dólares.

Lo que dijo el Fondo tras sellar el acuerdo

Tras el anuncio de la aprobación del acuerdo, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó en Twitter que "el programa establece objetivos pragmáticos y realistas, junto con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad y comenzar a abordar desafíos profundamente arraigados".

Según Georgieva, "si bien está en marcha una recuperación económica y del empleo, Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales excepcionales, que incluyen un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, inflación alta persistente, una pesada carga de deuda y bajos amortiguadores externos".

Por otra parte, los directores de FMI subrayaron, mediante un comunicado, la importancia de "reducir la persistente alta inflación y reconstruir las reservas internacionales" y generar tasas de interés reales positivas y alentar la demanda de pesos". Asimismo, indicaron la importancia de "mantener un tipo de cambio real competitivo. En otro orden, pidieron "reformas estructurales y remarcaron la necesidad de "proteger los programas de asistencia social bien focalizados y de una gestión prudente de los salarios y pensiones".

Suba de tarifas de gas y luz y fuerte reavalúo fiscal

Argentina acordó un préstamo de U$S 45.000 millones para poder devolver la deuda. Los pagos empezarán en 4 años y contiene las siguientes metas:

Déficit fiscal: Son los objetivos de variables económicas que deberá cumplir el Poder Ejecutivo para poder acceder a los desembolsos trimestrales. Incluyen un horizonte de recorte del déficit primario, que debería ser de 2,5% del PBI este año. Se prevé que el PBI crezca 3,5-4,5% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75% - 2,25% a mediano plazo.

Reservas: Se proyectó un recorte a la asistencia del BCRA al Tesoro hasta 1% del PBI y acumulación de reservas por U$S 5.800 millones. A lo largo de todo el programa deberían sumarse unos U$S 15.000 millones.

Recorte de subsidios: Para reducir el gasto público, se recortarán los subsidios en las tarifas de luz y gas a los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago, tanto en luz, como en gas. Eso implica una suba del 200% en las boletas de esos clientes a partir del primero de junio. Alcanza al 10% de los hogares.

Suba de tarifas: Además del recorte de subsidios habrá un aumento promedio de las facturas del 45% para todos los clientes de luz y gas. En el caso de los beneficiarios de la tarifa social, el alza será del 22%.

Cepo cambiario: El Gobierno asegura que se formulará una estrategia basada en las condiciones para "relajar gradualmente las medidas de gestión de flujos de capital". En ese sentido, según una hoja de ruta prevista en la letra chica del acuerdo, la elaboración y publicación de ese plan para desarmar el cepo cambiario y convertirlo en controles "macroprudenciales" debería estar terminado a fin de este año.

Revalúo inmobiliario: En coordinación con los gobiernos de las provincias, la Casa Rosada completará el proceso de actualización de tasaciones de propiedades a nivel federal para que puedan empezar a entrar en vigor en el ejercicio fiscal 2022. Tendría impacto en la recaudación de tributos inmobiliarios de las provincias y también sobre Bienes Personales, un gravamen de carácter nacional. Afectaría a 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales".

Obra Pública: Está previsto incrementar la inversión en infraestructura a más de 2% del PBI en 2022, partiendo de un promedio de 1% del PBI en 2018-20) y mantener este nivel a lo largo del programa.

Transacciones financieras: "No está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras, tampoco aumentar los que ya se aplican (referencia al impuesto al cheque).

La deuda pendiente

la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que la deuda del país con el Fondo podría superar los U$S 47.000 millones ya que a fin de este año se tendrá una deuda pendiente por el Stand By 2018 por U$S 23.000 millones y el FMI va a desembolsar U$S 24.000 millones.