El Gobierno anunció ayer modificaciones a la ley de vacunas, vía decreto de necesidad y urgencia (DNU), para superar cortocircuitos legales que impedían cerrar un acuerdo para comprar inyecciones contra el coronavirus de los laboratorios estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.

Lo anunció la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Eliminarán la palabra negligencia y crearán un fondo para quienes sufran daños vinculados a la inmunización.

El DNU que se publicará hoy "establece modificaciones a la ley de 27.573" que regula la adquisición de fármacos contra el coronavirus, al crear un Fondo de Reparación Covid-19 para "responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna", según fuentes oficiales.

"Es el instrumento que va a responder ante reclamos que tengan pruebas de que existió un daño y que es consecuencia de esa vacuna", explicó Ibarra. El fondo estará formado por el 1,25% del valor libre de impuestos de cada dosis.

Entre las variantes que incluirá la nueva normativa, se adelantó que "se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, el desarrollo, la producción o el suministro de vacunas, teniendo en cuenta que en los contratos a firmar se establecerá el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren".

Además, respecto a la referencia a "maniobras fraudulentas, conductas maliciosas" en la ley se reemplaza por "conductas dolosas", un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial.

Además, se exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado Nacional y a los denominados "bienes privados del Estado" para responder por eventuales ejecuciones. Los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda (como las reservas del Banco Central, o la herencia cultural) permanecen con ese status, pero el Gobierno renunció a la inmunidad con relación a la ejecución de los bienes privados y las regalías.

Sobre las vacunas pediátricas, Vizzotti explicó que hasta el momento la única aprobada a nivel mundial para niños y adolescentes es la desarrollada por Pfizer, aunque adelantó que se están realizando distintas investigaciones en el mundo para ese grupo etario.

En Argentina hay un fuerte reclamo de una red de padres para inmunizar a los niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades graves.

"Con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible, la nueva norma abre tres posibilidades para recibir dosis: los convenios con laboratorios, el mecanismo Covax y las oportunidades de donaciones de diferentes estados, fundamentalmente de Estados Unidos", precisaron voceros oficiales.

El Gobierno no firmó todavía los contratos con las gigantes norteamericanas ni respondió cuántas dosis comprará o cuándo llegarán.

La ministra de Salud se sumó al pedido de Ibarra para que no se haga uso político de las vacunas y les transmitió a los padres de niños y niñas menores de 18 años que el Estado nacional "está trabajando para que tengan la vacuna", y que para eso están "conversando con todos los proveedores", que "son muchos".

"Quizá fallemos en transmitir la complejidad de la negociación y parezca algo más sencillo, pero es compleja por el marco de la confidencialidad y por el marco legal, por eso: uso político no", señaló Vizzotti.

Vizzotti e Ibarra ofrecieron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Ibarra aseguró que el Estado nacional "escucha a todos los potenciales proveedores" de vacunas para ver si se puede "llegar a un acuerdo" y aclaró que "son muchos los interlocutores", más allá de los laboratorios estadounidenses.

¿Y el Congreso?

Consultada sobre por qué la modificación se realizó a través de un DNU y no de una ley, Ibarra dijo: "Estamos dictando un decreto para contar cuanto antes con un marco legal". Dijo que "los tiempos del Congreso" no permitían cumplir a tiempo con las condiciones para la negociación.

• Expectativa de Richmond

El presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, aseguró ayer que antes del 15 de julio podría comenzar la aplicación de las 450 mil dosis del primer componente de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus fabricadas en el país, en el caso de obtener la aprobación por parte del Centro de Investigación Gamaleya de Rusia de las muestras enviadas del primer lote del inmunizante de elaboración local.

"La semana que viene o la otra ya tendría que estar la aprobación final", dijo Figueiras y precisó que las dosis producidas ya están a disposición del Estado Nacional y del proveedor logístico.

El presidente de Richmond explicó que Gamaleya tiene que realizar los análisis del control de calidad que son "procesos lentos" y demoran alrededor de quince días una vez que termina la producción.

"Se hacen tres controles distintos, no como con el resto de los medicamentos que los libera directamente el laboratorio de productores", agregó. Explicó que lo que se hizo con el primer lote producido en el país fue enviar "a Gamaleya una muestra y ellos lo autorizan".

TELAM

• Sin goce de haberes por no vacunarse

El Gobierno de Córdoba otorgará licencia obligatoria y sin percepción de haberes a empleados públicos mayores de 60 años que integran los grupos de riesgo por comorbilidades que no hayan querido recibir la vacuna contra el coronavirus.

El secretario general de la Gobernación, Julio Comello, adelantó que por el momento la decisión alcanza a los empleados públicos mayores de 60 años con comorbilidades que "se niegan a recibir la vacuna".

El funcionario sostuvo que la medida está contemplada en una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud de la Nación y el de Trabajo, emitida en abril último.

La resolución "refiere solamente al grupo de trabajadores que estaban dispensados del trabajo presencial por tener algún factor de riesgo, principalmente los mayores de 60 años con alguna comorbilidad", detalló Comello. "Se les respeta ese derecho (de negarse a recibir la vacuna), pero se considerará inasistencia justificada y sin goce de haberes".