El Gobierno nacional presentó ayer una denuncia penal contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, actualmente en uso de licencia, para que se lo investigue por 'incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado'.

El ministro de Justicia, Martín Soria, explicó que 'los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D'Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales' y 'la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani'.

Soria informó que se presentó la denuncia y se pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación. Según el comunicado, la denuncia requiere que 'se investigue' al ministro de Seguridad de CABA por 'la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales'. En este sentido, Soria recordó que los chats 'involucran' también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y Majdalani.

'La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas', afirmó el ministro.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría 'una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, exdirectivos del Servicio de Inteligencia del Estado y concesionarios de servicios públicos' y esto sería 'incompatible con un Estado de Derecho'. Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A., presidida por Marcelo Violante. Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que 'la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados', que estaría compuesto por D'Alessandro y Violante, 'podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño'. El ministro de Justicia, asimismo, pidió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y 'pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes'.

También reportó que entre los hechos denunciados, se destaca el presunto 'arreglo' de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad.

Sí al juicio político
Pese a los rumores en contrario, los tres diputados que responden al ministro de Economía Sergio Massa que integran la Comisión de Juicio Político acompañarán el proceso de juicio político de la Corte Suprema que propicia el presidente Alberto Fernández.