La Cámara Federal de Casación Penal revocó el beneficio del arresto domiciliariodel que gozaba el represor Miguel Etchecolatz. El excomisario de la policía bonaerense deberá volver a la cárcel.

Así lo informaron calificadas fuentes judiciales. Etchecolatz gozaba del beneficio del arresto domiciliario desde fines de diciembre pasado. La decisión, adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOFf) N° 6, se basa en razones de salud, ya que el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, que tiene hoy 88 años, padeció dos accidentes cerebrovasculares (ACV) y presenta problemas cardíacos y circulatorios, entre otras dolencias.

La decisión fue tomada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.

Etchecolatz gozaba del arresto domiciliario en una casa del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Según informaron fuentes judiciales, la decisión se tomó por mayoría con los votos de Hornos y Borinsky. Ambos jueces entendieron que "el estado de salud que presenta Etchecolatz no impide que permanezca alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados para el tratamiento de sus patologías".

En su voto, Borinsky afirmó: "En cuanto al estado de salud de Etchecolatz, supuesto también invocado por el para conceder el arresto domiciliario, cabe señalar que los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense dan cuenta de las patologías que padece el imputado. Sin embargo, tal como fuera señalado por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías".

De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos presentados por la fiscal María Ángeles Castro, a cargo de cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y por el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto.