El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sea citada a declaración indagatoria por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias a raíz del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que funciona el organismo.

Se trata de la compra de un edificio para el Ministerio Público, en 2013, la cual consideró que fue ‘direccionada‘ para favorecer a una empresa y satisfacer ‘intereses personales‘.

El fiscal dijo que se impone ‘la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido‘ en la adquisición del inmueble de Perón 667 de la ciudad de Buenos Aires por 43,8 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) en ese año. También pidió que comparezcan a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino, se informó ayer en Tribunales.

Taiano basó el requerimiento que presentó al juez federal Julián Ercolini en ‘la necesidad de averiguar la verdad de lo acontecido como meta del procedimiento y el interés social por el esclarecimiento de los casos de corrupción‘. Todo lo cual, añadió, ‘demanda un proceso judicial sin dilaciones que atienda a los compromisos del Estado argentino ante la comunidad internacional (Pacto Internacional contra la Corrupción) y al artículo 36 de la Constitución‘. 

El fiscal afirmó que ‘con el grado de sospecha propio de esta etapa procesal, puede sostenerse que el proceso licitatorio nro.01/2013, vinculado a la adquisición de un inmueble para funcionamiento de dependencias de la PGN, fue direccionado por los funcionarios públicos intervinientes, quienes adoptaron las decisiones necesarias para adjudicarlo a la empresa Arfinsa‘. 

‘La injerencia de Thill ante la PGN y su intermediación junto a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios S.A. en la Licitación Pública nro.01/2013, propició el desvío del interés de la administración pública para la satisfacción de intereses personales‘, aseveró. 

Sostuvo que ‘Arfinsa contó con información privilegiada de la operatoria y a cambio abonó enormes comisiones que persiguieron dar un viso de legalidad a un dinero destinado a comprar la voluntad de los funcionarios públicos que le aseguraban la adjudicación‘ de la licitación. Taiano anticipó que los imputados podrían afrontar cargos de ‘fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública‘. El pedido del representante del Ministerio Público fiscal se produjo en el marco de una polémica instalada en los medios luego de que la propia procuradora afirmara que un eventual desplazamiento de su cargo vía decreto presidencial sería ‘inconstitucional‘ y denunciara un ‘armado de los medios‘ de prensa para forzarla a dar un paso al costado. 
 

Se reabre otra causa contra De Vido

La Cámara Federal porteña reabrió ayer una investigación contra el exministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la licitación de la Usina Térmica de Río Turbio, al revocar un sobreseimiento con el que lo había beneficiado el juez Claudio Bonadio. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, de la Sala II de la Cámara, revocó el sobreseimiento de De Vido y otros imputados en el caso de la construcción de esa central energética a raíz de un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Esta es la segunda vez que la Cámara Federal ordena reabrir la investigación por el dinero (2.600 millones de pesos) que se destinó a la construcción  de esa central que nunca se hizo.