En el primer juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani pidió ayer 12 años de prisión para la vicepresidenta por el caso sobre redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, más conocido como "caso Vialidad".

El pedido de condena fue formulado por Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública. En su alegato final de ayer, el fiscal pidió que sea inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos. En su última jornada de alegatos, Luciani pidió que la fortuna de la vice sea decomisada hasta la suma de al menos 5.300 millones de pesos.

A su vez, pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, a quien se lo vincula con el kirchnerismo. Para los exfuncionarios Julio De Vido y José López pidió 10 años de prisión.

En la causa Vialidad, se presume que Cristina cometió direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras de Báez en esa provincia. En 2016 (presidencia macrista) se originó todo por unas auditorías oficiales.

Cristina enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas. Se juzgan las irregularidades en 51 obras públicas. Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos.

Después de 9 audiencias de alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron que la vicepresidenta fue la jefa de la asociación ilícita, es decir, de aquella "organización criminal" que se dedicó "a la sustracción de fondos públicos" para beneficiar a quien era su socio comercial.

Ayer, al concluir sus alegatos, Luciani fue categórico al señalar: 'Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad, se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país'. Cristina había pedido ampliar hoy su indagatoria, pero ayer el tribunal rechazó el planteo.

Si el tribunal decide condenar a Cristina (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

La Justicia puede impedir una candidatura de Cristina sólo si antes de las elecciones es condenada con dos sentencias condenatorias sucesivas y siempre que la condena esté firme. Es decir, en caso de que no quedaran más recursos posibles. En cuanto a los plazos para condena firme, ni Casación ni la Corte tienen tiempos determinados por la ley para resolver, pero normalmente la instancia de los recursos demora varios años. La condena de Amado Boudou, por ejemplo, estuvo 11 meses en Casación y casi un año y medio en la Corte, y en el kirchnersimo sostienen que su trámite fue más rápido que lo habitual. Si bien una eventual condena de Cristina podría matemáticamente estar firme antes de las próximas elecciones, sería atípico.

• 'Es el momento: corrupción o justicia'

'Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde' dijo ayer el fiscal Luciani. 'Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones', agregó. Y añadió:  'Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia'.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra ("el lucro personal buscado") y el "apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos".

Luciani también ponderó "el desprecio a la ciudadanía por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo". El fiscal dijo que la ex presidenta "defraudó a los ciudadanos que la votaron".

"No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado y empleó su poder para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada", concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. "No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner", sostuvo. Se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido a José López en 2016. "Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública", señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco "para defender puerilmente a su compañera".