El escándalo por las denuncias de personas hacinadas en los centros de aislamientos en Formosa que cobraron ribetes nacionales siguió ayer un derrotero de cruces y resoluciones que mantiene entre alerta y aliviado al gobernador peronista, Gildo Insfrán.

Por un lado, diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presionan para que las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión de la Cámara Baja sesionen en la provincia norteña y evalúe la realidad de unos 100 centros de aislamiento donde conviven unas 3.000 personas entre positivos de Covid-19, sus contactos estrechos y los sospechosos de portar la enfermedad. Por otro, la Cámara de Casación Penal decidió que el habeas corpus por los internados compulsivos de Insfrán se tramite en Formosa.

Con voto mayoritario, el tribunal remitió la denuncia del senador Luis Naidenoff a la justicia federal de la provincia lo que implica un triunfo judicial para el gobernador que lleva 25 años ininterrumpidos al frente del ejecutivo provincial.

El interbloque de JxC informó que escucharon denuncias de "traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente, censura, denegación de la tramitación de habeas corpus", además de "personas que son sometidas a aislamiento por Covid-19 durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los tests, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, y detención ilegal de opositores". Estos testimonios los sumarán a las denuncias CIDH y la ONU.