El plus en marcha. Después de la tradicional reunión de Gabinete, los ministros Patricia Bullrich y Alejandro Finocchiaro confirmaron que Mauricio Macri había firmado el decreto que instrumenta el bono de fin de año.

Después de varios días de idas y vueltas y muchas dudas, el presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que le dará vida al bono de fin de año que negoció con la CGT que establece un plus de hasta $5.000 para compensar la pérdida de los salarios de los últimos meses. El decreto que se publicará hoy en el Boletín Oficial también establece una serie de trabas para frenar los despidos.


El bono deberá abonarse en dos cuotas de $2.500 que se pagarán con los salarios de noviembre y enero, es decir, durante los primeros días de diciembre y febrero.

No obstante, el DNU habilita la posibilidad de flexibilizar los plazos y montos mencionados, de acuerdo a la situación en que se encuentre cada firma, lo que pone en duda el alcance de la medida. A su vez, permite descontar esta asignación de las revisiones salariales acordadas en los convenios colectivos de trabajo, "salvo que acuerden expresamente su no absorción". Es decir, que puede variar el monto y las cuotas y puede tomarse a cuenta de futuros aumentos.


No se describen los detalles y las condiciones de la adecuación, ni los valores de esa declinación.


Esta flexibilización, que condicionará sin duda el impacto del plus en los bolsillos de los trabajadores, es un guiño para el sector empresario, que había criticado duramente las medidas, tildándolas de "decretos kirchneristas". Las firmas argumentaban no poder hacer frente a este nuevo incremento de sus gastos debido a la delicada situación que atraviesan con una gran caída de sus ventas y un nivel de tasas de interés que impide la refinanciación de sus pasivos.


El decreto excluye específicamente a los empleados del sector público, que de todas formas recibirán el mismo beneficio a partir de un acuerdo alcanzado entre el Ministro de Producción y Trabajo Dante Sica y el secretario Gral. de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez -ver nota vinculada-.


El DNU también establece la obligación de cumplir un procedimiento ante la disposición de efectuar despidos sin justa causa. Los empleadores deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles. Posteriormente, las autoridades podrán convocar a las dos partes implicadas junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción.


Las claves del decreto:


1 Pago. La norma destaca que desde el primer día de noviembre se pagará una asignación no remunerativa para empleados en relación del sector privado.

2 Monto. Son $5.000 que se pagarán de la siguiente manera: la mitad con los salarios de noviembre (que se pagan en diciembre) y la otra con los de enero del año próximo (en febrero).

3 Empresas en crisis. Se destaca que las empresas "podrán adecuar la implementación" del pago en cuanto a plazos y montos para las "actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva".

4 A cuenta de aumentos ya dados. Se destaca que los empleadores pueden determinar que el bono esté a cuenta de paritarias futuras o compensar parcialmente con aumentos otorgados como parte de la paritaria vigente o por fuera de ella a los largo de 2018.

5 Empleados públicos. Este decreto excluye expresamente a los empleados del sector público nacional, provincial y municipal, que serán incluidos en otra norma: $5.000 para diciembre y dos aumentos de 5% en enero y febrero.

>Los que no lo cobran<
No cobrarán el bono los 489.700 empleados domésticos registrados, aunque se trata de un sector en el que existe mucha informalidad. El argumento es que sería un caso en que "la patronal del sector es, a la vez, otro trabajador al que se le dificultaría abonar ese extra". Tampoco lo cobrarán los trabajadores rurales.

Acuerdan beneficio a estatales

El Gobierno nacional y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) acordaron ayer una compensación por inflación para alrededor de 140.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional de 5.000 pesos, que serán abonados en su totalidad por única vez con los haberes de diciembre.


Según informaron a la agencia oficial de noticias Télam desde la oficina de prensa del vicejefe de la Jefatura de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, el acuerdo también contempla un incremento de los haberes de un 5 por ciento para enero y otro porcentaje similar para febrero. La negociación fue llevada a cabo entre Ibarra, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y Andrés Rodríguez, titular de UPCN.


En junio, el gremio estatal más numeroso había conseguido un aumento salarial del 15 por ciento, más un bono de 2.000 pesos. Luego, en agosto, la conducción de UPCN logró reabrir la negociación y obtuvo sendos bonos de 2.000 y 4.000 pesos, pagaderos en octubre y noviembre, más un aumento del rubro presentismo (15 por ciento).


A su vez, las cuatro fuerzas federales de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) recibirán una suma fija de 5.000 pesos por única vez con el aguinaldo de diciembre y un aumento del 5 por ciento en enero y otro 5 por ciento en febrero. Así lo confirmaron al diario Clarín fuentes del ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.


PAMI, INCAA, Anses y otros organismos tendrán una negociación aparte. También quedaron afuera cargos políticos.