La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró en revisión al Senado un proyecto de responsabilidad penal empresaria, donde se incorporó en forma sorpresiva la ‘imprescriptibilidad‘ del delito de corrupción.

Pero el oficialismo fracasó en su intento de incorporar un artículo que posibilitaba obtener información sobre hechos previos a esta ley, como, por ejemplo, el caso Odebrecht.

La Cámara de Diputados avanzó ayer en una reforma del Código Penal durante el tratamiento del proyecto de responsabilidad penal empresaria al declarar ‘imprescriptibles‘ los delitos contra la administración pública. Además se dispuso elevar las penas de los delitos contra la administración pública que en caso de ser aprobado por el Senado dejarían de ser excarcelables. De esta manera, el ‘cohecho, la malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles contra la administración pública‘ pasarán a tener una pena mínima de cuatro años y se eleva el máximo a diez, según legisladores del massismo, con la decisión que dejen de ser excarcelables. 

Con el proyecto de responsabilidad penal empresaria, impulsado por el bloque oficialista Cambiemos, se busca castigar a las sociedades involucradas en casos de corrupción. La iniciativa pretende extender la responsabilidad de los ilícitos penales a empresas, fundaciones y asociaciones civiles para que puedan ser sancionadas por incurrir en delitos de corrupción, ya que, actualmente, el sistema jurídico sólo contempla castigos para las personas.

Tras una sesión de más de cinco horas, la Cámara aprobó el texto, del que se votaron uno por uno su artículos. El único que resultó rechazado fue el referido a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz con retroactividad.

El llamado artículo Odebrecht (artículo 37) fue el eje de la mayor polémica: el oficialismo lo había incluido para hacer “retroactiva” la ley a través de “acuerdos administrativos” que permitieran obtener información de ilícitos de las empresas a cambio de acceder a los beneficios de la ley, como atenuación de multas.

El debate llega en un momento en el que la Justicia investiga la implicación de la constructora brasileña Odebrecht en el pago de sobreprecios para obtener contratos de obra pública durante el kirchnerismo (2003-2015). La firma admitió haber pagado al país 35 millones de dólares en sobornos, lo que involucra a funcionarios del anterior Gobierno y del actual.
Pero el dato más llamativo fue la incorporación de un artículo que modifica el artículo 62 del Código Penal para que no prescriban los delitos por corrupción y elevar sus penas a fin de evitar que puedan ser excarcelables.

La decisión de declarar ‘imprescriptible‘ el delito de corrupción y equiparlo de esa manera con el de lesa humanidad, fue propuesto por el Frente Renovador. Puertas adentro del oficialismo genera cuestionamientos y es poco probable que se apruebe en el Senado.

La iniciativa se votó en una sesión caliente en la que no faltaron acusaciones cruzadas sobre la corrupción. En este contexto, desde el oficialismo hubo varias alusiones al diputado kirchnerista Julio De Vido, ausente en la deliberación y quien tiene un pedido de desafuero y detención.
 

Aprueban límite a excarcelación

La limitación de las excarcelaciones o salidas anticipadas para los condenados por violaciones, muertes por torturas, robos con armas, trata de personas, o narcotráfico fue convertida ayer en ley por la Cámara de Diputados de la Nación, que aprobó las modificaciones introducidas por el Senado. La aprobación del proyecto sucedió ayer en el último tramo de la sesión especial que se reanudó al mediodía para aprobar el proyecto de responsabilidad penal tributaria, y tuvo un importante respaldo político, ya que se sancionó con 170 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones. La iniciativa promovida por el radical Luis Petri y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, contó con el respaldo del oficialismo, el massismo, el bloque justicialista y un sector del kirchnerismo.