Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, ayer ingresaron al Congreso el proyecto de legalización del aborto y el Plan de los Mil Días, que establece un acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de menores en situación de vulnerabilidad.

"Mi convicción es que el Estado acompañe a las personas gestantes, pero también es responsabilidad del Estado cuidar la vida de quienes deciden interrumpir su embarazo", anunció ayer el Presidente por redes sociales.

"La criminalización del aborto de nada ha servido. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal practicados. Desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres", agregó. Y resaltó que este tipo de proyectos "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Genera que disminuyan las muertes".

El proyecto establece que "las mujeres" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Además, el proyecto de ley que tratará primero la Cámara de Diputados habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica.

El proyecto sobre aborto contempla la inclusión de la práctica en el Programa Médico Obligatorio: esto supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país.

En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a acceder a la interrupción de su embarazo" si el mismo "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona.

Además, se señala que la práctica deberá llevarse a cabo "en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento".

"La paciente tiene derecho a recibir la información; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada. Se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo", señala el proyecto.

El proyecto incluye la objeción de conciencia particular pero descarta la objeción institucional. El profesional de salud que deba intervenir en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia pero deberá "mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión".

Además deberá derivar "de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional sin dilaciones". El personal de salud "no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata" y tampoco "se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post aborto".

Respecto de las personas menores de 13 años, la solicitud será "mediante su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal" y en los casos de adolescentes de hasta 16 años, "se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su vida".

En el Gobierno apuntan a que se comience a discutir sobre aborto en diciembre en Diputados. Fernández anunció ayer el envío de la iniciativa justo el día en que la Cámara de Diputados debatía el proyecto para que las personas que cuenten con grandes fortunas hagan un aporte solidario, discusión que podía perder atención por la iniciativa sobre embarazos.

En 2018 el proyecto de legalización del aborto logró ser aprobado por la Cámara de Diputados pero el Senado impidió el avance de la ley, con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.

Los cálculos

Antes de enviar la iniciativa al Parlamento, el Gobierno nacional ya había hecho un sondeo para asegurarse que en ambas cámaras del Congreso Nacional el oficialismo pueda tener el número suficiente de votos para que se apruebe el proyecto. De esa manera busca evitar una derrota de la iniciativa como la de 2018.

Expectativa por el Plan de los Mil Días

El Plan de los Mil Días, la iniciativa que el Gobierno envió ayer al Congreso junto al proyecto de legalización del aborto, apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años, y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.

La iniciativa articulará planes vigentes, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE), y prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el período de gestación y la primera infancia.

De ese modo, ampliará los programas para acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños hasta los 2 años de vida.

Alberto Fernández dijo ayer que el proyecto "extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo" y explicó que "hasta la fecha se perciben 6 mensualidades; con este proyecto se extiende a 9 mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo".

La iniciativa, sostuvo el jefe de Estado, "amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio".

En el anuncio que difundió en su cuenta de la red social Twitter, el Presidente dijo que "buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia". "Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica", explicó.

El proyecto busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho al ingreso de la mujer embarazada mediante la AUE, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo, el derecho a la calidad nutricional durante el tiempo de gestación y el vínculo entre la mujer y el niño por nacer.

"Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años", detalló.

Menciones del Código Penal

El proyecto sobre aborto dedica varios artículos a la modificación del Código Penal, ya sea para la eliminación de las penas para el "aborto realizado con consentimiento de la persona gestante" hasta la semana estipulada o para colocarlas a quienes provocaran abortos no deseados o para los que dilataran la ejecución del tratamiento.

El artículo 85 del Código Penal establece "reclusión o prisión de uno a cuatro años, para quien causare un aborto con consentimiento de la mujer". Un comunicado de la Campaña por el aborto Legal, Seguro y Gratuito señaló, de hecho, que "entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos".

El proyecto que ya había tenido media sanción establecía que "no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional". El proyecto presentado por el Ejecutivo dice lo mismo.

Un aspecto polémico era la posibilidad de que se incluyera alguna consejería obligatoria (como ocurre en Uruguay, donde es obligatorio pasar por un "período de reflexión" de cinco días antes de acceder al aborto, lo que pone a la mujer en riesgo de dilatar los tiempos de gestación). El texto que envió ayer el presidente para que ingresara a la Cámara de Diputados dice que una vez realizada la solicitud de interrupción del embarazo, el establecimiento debe poner a disposición "información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores", "atención integral de su salud" y acompañamiento, pero "estos servicios no son obligatorios para la paciente".

Más de 500 mil abortos ilegales

Las restricciones legales vigentes hasta el momento en la Argentina "no se traducen en menor cantidad de abortos" y se estima que por año se realizan entre 350.000 y 522.000 abortos inseguros, según precisaron fuentes del Ministerio de la Mujer de la Nación.

"La muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna en la Argentina desde 1980", afirmaron.

Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, en el trienio 2016-2018 se produjeron 704 muertes maternas y de éstas, 108 fueron por complicaciones de aborto (15,3%).

Agregaron que cada año "se producen 22 millones de abortos inseguros en el mundo. El 98 por ciento en países en vías de desarrollo", según datos de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)también advirtió que "casi todas las muertes y la morbilidad por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley". "El aborto legal en los países desarrollados es uno de los procedimientos más seguros en la actual práctica médica, con mínima morbilidad y con tasas de letalidad de menos de una muerte por 100.000 procedimientos realizados", indicaron desde el Ministerio de las Mujeres.