El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual "promueve una acción de amparo, plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar" en relación a la decisión del Estado nacional de reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. En el escrito judicial del Gobierno porteño, presentado a las 10.25 y al que accedió Télam, se solicita que "se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal. Se pide que, "en consecuencia, se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020 que, en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan".

En otro de los puntos de la presentación, se solicita que "se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél. El texto presentado por la Procuración de la Ciudad, firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa, pide que se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%".

Asimismo solicita que se ordene "la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad.

En los argumentos del escrito ante la Corte, la administración de Horacio Rodríguez Larreta explica que "el coeficiente asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya fuera el original de 1,4%, el mayor del que gozó de 3,75%, e incluso su reducción a 3,5% -en vigencia hasta el dictado del decreto 735/20- fue siempre establecido mediante el inevitable acuerdo de la CABA con el Estado nacional, y goza además de ratificación legislativa". En este sentido, se citan cinco convenios firmados entre la Ciudad y el Estado nacional para establecer los porcentajes de coparticipación del distrito."Permitir que el Estado nacional modifique en forma unilateral en perjuicio de la CABA constituye una clara violación al régimen federal, a la autonomía de la Ciudad y al principio de igualdad por evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias", resume el escrito. También se señala que "el decreto cuya inconstitucionalidad se plantea sería el primero que fija de modo unilateral la alícuota de participación automática de la CABA".

Medida inmediata

En el escrito, los abogados del Gobierno porteño solicitan que "se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal" sabiendo que el desfinanciamiento operativo ya es una realidad.

• Un impacto más que importante en pesos

El Gobierno porteño evalúa que, por el impacto de la modificación del índice de coparticipación, en lo que resta de 2020 "se dejarán de percibir $ 13.000 millones", mientras que para 2021 "la pérdida de ingresos se estima en más de $ 53.000 millones". Al analizar el impacto de los cambios en la coparticipación que recibe el distrito, que ayer fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno porteño indica en un documento que la Ciudad "aporta a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, en tanto que recibe el 3,5%", a la vez que se asegura que "es el distrito que más diferencia presenta entre lo que aporta y lo que recibe"."El 75% de los recursos totales de la CABA son propios, en tanto que el 25% corresponde a los ingresos por coparticipación y otras transferencias.