La Cámara Federal porteña revocó ayer los procesamientos del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y de su antigua número dos, Silvia Majdalani, por supuesta "asociación ilícita" en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

De todos modos, Majdalani quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes" a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la AFI procesados por presunto espionaje ilegal.

Por mayoría, y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Macri, Darío Nieto.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

Llorens y Bertuzzi entendieron que no hubo "un plan sistemático organizado desde las más altas estructuras del gobierno para espiar a opositores, políticos y periodistas", como se postuló en la acusación.

Ante ello resolvieron que el delito de asociación ilícita "no pudo ser comprobado". En cuanto al espionaje ilegal a detenidos en causas por supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el voto mayoritario consignó que esas "tareas de seguimientos y observación" en algunos casos contaban con orden judicial y en otros estuvieron justificados por "seguridad interna".

Por ello también se revocó el procesamiento al extitular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, entre otros beneficiados con esta decisión como la exfuncionaria de Presidencia, Susana Martinengo.

La Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI, cuyos procesamientos quedaron confirmados, que actuó por "intereses personales" y usó "recursos" del Estado de manera ilegal. Este grupo de miembros de la AFI reunía información ilegal para extorsionar a sus víctimas. Todos dependían de "manera directa" de Majdalani, quien según la Cámara omitió controlarlos y por eso quedó procesada por presunto "incumplimiento de deberes".

En los casos concretos del espionaje al Instituto Patria y a la casa de la querellante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta, los jueces concluyeron que no hubo delito porque se actuó "con orden judicial". A Majdalani, se le redujo el embargo a 4 millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de "asociación ilícita". En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño. Las decisiones podrán ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación. Télam