El juez Pablo Tejada resolvió enviar al correo privado OCA a la quiebra, en esta semana, por una deuda de $7.000 millones, de los cuales la mayor parte son deudas impositivas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, resolvió que la quiebra sea con ‘continuidad de la actividad’ comercial del correo, lo que permitirá mantener las fuentes de trabajo y pagar los salarios durante cuatro o cinco meses, ‘mientras dure el proceso que desemboque en la subasta de la empresa’, dijeron fuentes judiciales a medios nacionales.
La dirección de Recursos Humanos de OCA envió un comunicado, para informar a sus empleados sobre la quiebra. Allí planteó que ‘esta decisión del juez implica la plena continuidad en las prestaciones de servicios y de todos los procesos relacionados con la actividad diaria de OCA’.

Tejada ya agotó todas las instancias para evitar la quiebra del correo ligado al sindicalista Hugo Moyano. Es que pidió la opinión a los acreedores sobre las tres propuestas recibidas, en el marco del cram down o salvataje, pero ‘ninguna muestra solidez para repagar la deuda’, explicaron las fuentes judiciales.

La Justicia recibió las propuestas de OCA Logística y Servicio Privado de Transporte (Seprit), ambas ligadas al dueño de OCA, Patricio Farcuh; y la cooperativa Los Cedros, liderada por Daniel Palladino, titular del gremio de los empleados jerárquicos de OCA (Asociación de Empleados de Correo Privado).

En una carta abierta dirigida ayer al presidente Mauricio Macri, el gremio de los empleados jerárquicos encabezado por Palladino sostuvo que les ‘amedrenta la realidad de una quiebra con continuidad y el peligro de las 11.523 fuentes laborales directas e indirectas’. Esa situación ‘nos dejaría a más del 70% de los trabajadores excluidos de un mercado laboral que nos marginaría por nuestra edad’.

En otro comunicado, dirigido a sus afiliados, Palladino afirmó que, una vez realizada la subasta, el comprador va a decidir qué empleados continúan, ya que ‘el nuevo comprador no está obligado a reconocer la antigüedad ni los derechos’ laborales. En esa instancia podrían quedar fuera de la compañía este año unos 1.200 empleados directos.

OCA es el mayor correo privado del país y tiene 6.800 empleos directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros. Es la empresa con mayor cantidad de afiliados al gremio de Hugo Moyano, organización que pagó parte del sueldo de sus empleados durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza. 
El Gobierno plantea que quiere ir ‘a fondo’ para que el correo pague sus deudas con la AFIP. Y asegura que no le teme a las presiones de Moyano, que cargó duro contra Macri y decidió alinearse con el kirchnerismo para las elecciones generales.

Para llevar adelante la quiebra, el juez puso en funciones la semana pasada a tres nuevos interventores en el correo: Rodolfo Déhenen, María del Carmen Pérez Alonso y María Cristina Ratibel.

En un comunicado, dirigido a sus afiliados, Palladino señaló que en el juzgado les explicaron que ‘los tres oferentes eran casi inviables por lo que hay una gran posibilidad de que entre el lunes y el miércoles se resuelva que la compañía vaya a una quiebra con continuidad y luego a una subasta, para que alguien la compre’. Y agregó: ‘Hasta que ocurra eso los puestos de trabajo están asegurados’. A fines de febrero pasado la Justicia tomó el control de OCA y activó un proceso de salvataje.