El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer un impuesto del 30% para la compra de dólares, como también el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por seis meses, como ejes centrales del proyecto de ‘Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva‘ que ayer el Gobierno envió al Congreso para conseguir el equilibrio fiscal y bajar la inflación.
Este paquete de medidas ‘es un paso para resolver la crisis económica y social que generó un crecimiento de la pobreza y la indigencia‘, señaló Guzmán en rueda de prensa en el Palacio de Hacienda.
El ministro brindó detalles del proyecto de ley girado al Congreso Nacional, que incluye cuatro grandes bloques: jubilaciones, medidas tributarias, esquema tarifario y deuda pública.


Establece una alícuota del 30% para la compra de dólares para ahorro (atesoramiento), para las compras en el exterior y para adquisición de pasajes al exterior. El impuesto del 30% que gravará la compra de divisas se destinará ‘para financiar la seguridad social en un 70% y el restante 30% para obras de infraestructura‘.


Guzmán detalló que ‘necesitamos que contribuyan todos los sectores‘ y en ese marco ‘reconocemos la importancia estratégica del sector agropecuario, por lo tanto planteamos iniciar un diálogo para modificar el esquema de retenciones‘, y así poder aumentarlas.


Además de disponer beneficios a jubilados, el proyecto enviado al Congreso también plantea la eliminación del impuesto cedular (renta financiera) para incentivar el ahorro de activos financieros en pesos, junto con un plan de regularización excepcional de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras para las pymes.


En referencia al esquema tarifario, el ministro de Economía señaló que ‘vamos a mantener por 180 días la postergación de los aumentos de tarifas y en ese lapso impulsaremos un nuevo esquema que contribuya a mejorar las condiciones para fomentar las inversiones en el sector energético‘.


Ayer, el Ejecutivo nacional y los gobiernos de las provincias acordaron suspender el ‘pacto fiscal‘ vigente desde finales de 2017, que, entre otras cosas, comprometía a las provincias a rebajar sus impuestos locales, limitando los recursos de los estados provinciales en un momento crítico para la economía.


El proyecto sube del 30% al 33% el tope de la tasa que grava las exportaciones de soja y del 12% al 15% el de las retenciones al maíz y el trigo. Además, autoriza al Gobierno a emitir letras por hasta 4.571 millones de dólares a 10 años, con igual tasa de interés que devengan las reservas internacionales. La administración podrá usar las letras para adquirir divisas del Banco Central para el pago de la deuda en moneda extranjera.


La ley de Emergencia devuelve al Poder Ejecutivo los denominados ‘superpoderes‘ para poder modificar partidas presupuestarias.


El proyecto de Ley de Emergencia faculta a su vez al Poder Ejecutivo a disponer aumentos salariales para los trabajadores del sector privado por decreto. Así lo contempla el artículo 54 de la iniciativa remitida ayer al Congreso Nacional.
Se aguarda que hoy las comisiones de diputados debatan el proyecto para que mañana llegue al recinto. Se espera que Juntos por el Cambio no de quórum en Diputados. El presidente Alberto Fernández necesita que el Senado sesione el 26 de diciembre para que la ley sea publicada antes de fin de año en el Boletín Oficial.