El oficialismo impulsa dos proyectos para restringir las excarcelaciones de motochorros e imponerles penas más estrictas. Una de las iniciativas puede elevar las penas mínimas a 4 años.

En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reclamó ayer ‘una mirada más restrictiva‘ respecto a las excarcelaciones, especialmente en delitos cometidos por motochorros, y adelantó que va a proponer una modificación de los artículos del Código Procesal Penal que tratan la aplicación de esos beneficios.

La funcionaria formuló esas declaraciones luego de haberle planteado hace dos semanas al Procurador General Eduardo Casal la necesidad de reformar la ley, ya que consideró que ‘no se puede liberar de forma automática a todos‘. ‘Hay que ponerse del lado de la víctima y no del lado del delincuente‘, añadió.

Señaló que ‘en lo que hace al delito en sí, una vez que ocurre, hemos logrado un cambio muy importante en la mirada de la Procuración General de la Nación‘, donde se ‘dictó una norma que evita la probation y los beneficios a motochorros‘.

‘La reiteración de delitos debe implicar una conducta distinta en la valoración de los jueces para no liberar a esos delincuentes‘, dijo, y advirtió que ‘los fiscales van a tener que comenzar a ponerlo en marcha, porque necesitamos una mirada más restrictiva respecto a excarcelaciones‘.

Para endurecerse ante los motochorros, el oficialismo impulsa dos iniciativas. Una de ellas es la idea de la titular de la cartera de Seguridad: ‘retomar un proyecto presentado en el Parlamento en 2014‘, en el que se proponía modificar los artículos 316, 317 y 318 del Código Procesal Penal de la Nación, que determinan las condiciones para las excarcelaciones y la exenciones de prisión, facultad exclusiva de jueces.

El primero de ellos establece que toda persona que esté imputada de un delito puede, en cualquier momento, solicitar al juez que se le dicte la excarcelación. Según el artículo, el magistrado puede otorgar dicho beneficio si la calificación de los hechos que se le imputan a la persona no superan los ocho años de pena, o si establece al comenzar la investigación que la condena será de carácter condicional.

En tanto, el 317 señala que la excarcelación puede concederse si el acusado cumplió en detención o en prisión preventiva el máximo de la pena prevista para el delito que se le imputa, esté o no firme. También define que la persona puede ser excarcelada si permaneció en prisión preventiva el tiempo que, de haber existido condena, le hubiera permitido alcanzar la libertad condicional.

Por último, el artículo 318 estipula que la excarcelación será acordada en cualquier momento del proceso a pedido del imputado o de su defensor.

El otro proyecto oficialista es el del diputado nacional radical Luis Petri, que tiene el aval de Bullrich. El diputado explicó que, en la actualidad, en caso de ser atrapado por las fuerzas policiales, los llamados ‘motochorros‘ deben enfrentar una imputación de hurto o robo simple, figuras que, por el monto de sus penas mínimas y máximas, permiten en muchos casos que los jueces concedan la excarcelación a estos delincuentes.

‘Por esa razón proponemos una serie de modificaciones al Código Penal y a la ley de tránsito a fin de dotar a las fuerzas policiales y a la Justicia de herramientas suficientes para combatir este fenómeno delictivo‘, indicó Petri.

Una de las modificaciones apunta al artículo 163 del Código Penal: la intención es incorporar como agravante al delito de hurto ‘cuando cometiere utilizando una motocicleta, automotor u otro vehículo‘. En este caso la pena sería de 4 a 10 años, según el proyecto de Petri. ‘De esta manera, cuando este tipo de delito estuviese acompañado de violencia en personas o cosas, quedaría excluido de la posibilidad de condena de ejecución condicional, de excarcelación y de probation‘, precisó el legislador. Además, se agravaría el delito de encubrimiento, con una pena de 4 a 8 años de prisión. Télam