Cumplido el viernes pasado el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Consejo de la Magistratura cambie su balance entre consejeros técnicos y políticos, sólo resta aguardar el modo que elegirá el máximo tribunal para encarar la transición.

"El lunes 18 se cumple el fallo", aseguran fuentes de la Corte haciendo coincidir la fecha con la elección del consejero académico, el último que resta de los nuevos miembros técnicos, integrados por abogados, magistrados y académicos o científicos.

La voluntad de la Corte para hacerse cargo del Consejo quedará explícita cuando convoque a los nuevos consejeros a la jura en los cargos, que solo el alto tribunal puede formalizar.

La pregunta en el Consejo es si la Corte hará jurar a los consejeros técnicos, prescindiendo de los políticos que debe elegir el Congreso, pero cuyo proceso se encuentra detenido por una medida cautelar.

Si la Corte convocara mañana a la jura de los consejeros se abriría una línea de conflicto porque su integración no estaría completa y, por tanto, sus eventuales decisiones, carecerían de legitimidad.

Esta posibilidad de un nuevo conflicto institucional la esbozó el mismo presidente del Consejo, el camarista penal Alberto Lugones, el miércoles pasado, en la última reunión del Consejo con su integración de trece miembros.

"El fallo dice que el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) se hará cargo (del Consejo) cuando se produzca la integración conjunta y simultánea. Yo no inventé ese encorsetamiento que se puso la Corte", recordó.

Luego mencionó a modo de advertencia que "ni formal ni informalmente se le comunicó a la presidencia que la Corte va a asumir (mañana) pero si asumiera sería una especie de intervención".

"La aplicación de la 24.937 (ley que reguló el Consejo hasta la reforma legislativa de 2006) fija que el presidente de la Corte tiene que asumir (la presidencia del Consejo) pero con todos los integrantes acá adentro", refirió.

Como ejemplo de la distorsión que implicaría un Consejo sin la integración plena, Lugones refirió que se podrían iniciar juicios políticos.

En diciembre, la Corte dictó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la actual integración del organismo que administra el Poder Judicial. En la sentencia, se fijó un plazo 120 días para que hubiera una nueva ley para reformular el Consejo. De lo contrario, se restituye el esquema previo a 2006, con la composición de 20 miembros y la presidencia a cargo del juez supremo Horacio Rosatti.

El viernes 15 de abril era la fecha límite para definir el nuevo equilibrio en el Consejo. Pese a los últimos intentos, los tiempos no dieron para cumplir con las instrucciones del máximo tribunal para conformar el nuevo equilibrio de la institución.

Por si el plazo del 15 de abril no se cumplía, se fueron eligiendo representantes para ampliar el organismo según establecía la ley anterior, con 20 miembros.

Desde ayer, el esquema vigente de 13 miembros carece de legitimidad. La Corte definió que, vencido el plazo, todas las acciones que se hagan en Consejo serán nulas.

El escenario ideal para el oficialismo, según planteó Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, sería una resolución que extienda el plazo de la sentencia firmada en diciembre y que la Cámara Baja consiga mayoría para avanzar con sanción definitiva de la reforma. La Corte dispuso la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros, al entender que estaba desequilibrado en favor de la política y en desmedro de jueces y abogados.

Mañana, el Consejo Interuniversitario, que reúne a rectores de todas las universidades nacionales, dará a conocer su representante y se completarán así las integraciones de los organismos técnicos. Pero restan designar a los representantes del Congreso, los mismos que la Corte considera sobre-representados en la antigua integración, que no fueron elegidos todavía por la cautelar que pidió un diputado del oficialismo. Télam