Argumento. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justificó la reforma por el aumento ‘exponencial’ de los juicios. Detalló que las alícuotas que pagaban las empresas pasaron de representar el 1,5% de su masa salarial a representar el 4%.


El Gobierno modificó ayer mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ley que regula las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para delimitar los casos en los que corresponde iniciar acciones judiciales para obtener indemnizaciones por enfermedad o incapacidad.


De esta manera, la administración de Mauricio Macri busca reducir la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo -la llamada industria del juicio-, federalizar sus beneficios y generar condiciones menos onerosas para empleadores y aseguradoras, para lo cual apunta centralmente a ‘corregir cuestiones que han provocado situaciones inequitativas’.


El Decreto 54/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece como ‘obligatorio y excluyente‘ la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como ‘instancia administrativa previa‘ para el reclamo de un trabajador. La decisión del Poder Ejecutivo toma los lineamientos del proyecto de ley que obtuvo el año pasado media sanción en la Cámara de Senadores, pero que, según la norma, ‘esperar los tiempos habituales del trámite legislativo pendiente ante la Cámara de Diputados irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida‘.


En ese marco, entre los considerandos del Decreto se advierte que ‘en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales‘. 


Según la norma, la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional ‘agotará la instancia administrativa‘ del reclamo, aunque ‘las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central‘. 


En ese sentido, ‘el trabajador tendrá opción de interponer recurso contra lo dispuesto por la Comisión Médica Jurisdiccional ante la Justicia ordinaria del fuero laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que intervino‘. 


Estas tendrán un plazo máximo de 60 días hábiles para expedirse en cada caso y estarán integradas por peritos del Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción que corresponda.


En tanto, la decisión de la Comisión Médica Central será susceptible de recurso directo, por cualquiera de las partes, el que deberá ser interpuesto ante los tribunales de alzada con competencia laboral o, de no existir estos, ante los tribunales de instancia única con igual competencia, correspondientes a la jurisdicción del domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional que intervino. Asimismo, se señala que ‘los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa‘. 


Entre otras cosas, el Decreto invita a las ‘jurisdicciones locales para que -si así lo deciden- deleguen en la Nación la sustanciación y resolución de los procesos administrativos propios de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales‘ para que el Sistema de Riesgos del Trabajo no derive en ‘una proliferación de litigios individuales‘ que ponen en riesgo su finalidad.


El Título II del DNU contempla además la creación del ‘Autoseguro Público Provincial‘ destinado a que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan ‘autoasegurar los riesgos del trabajo.


La decisión se funda en la necesidad de igualación de los derechos ciudadanos, para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no están plenamente incorporados a las coberturas de las ART.


La decisión del Gobierno de apurar la reforma del sistema de ART a través de un decreto pasando por alto las facultades del Congreso generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos que consideran la medida como ‘inconstitucional’. En tanto, hubo apoyo de la CGT y de las principales cámaras empresariales, que tampoco soslayaron el hecho de que la reforma fue implementada vía DNU. 
 

Ahora, la bicameral

El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri debe sortear el filtro que podría significar su paso por el Congreso, José Luis Gioja (FPV-PJ) ya adelantó que se pedirá que se convoque ‘rápidamente‘ a la comisión bicameral parlamentaria para que se expida sobre el DNU. En Cambiemos no creen que lo frenen.


127.503 juicios durante 2016

Los nuevos juicios iniciados en el Sistema de Riesgos de Trabajo ascendieron a la cifra récord de 127.503 casos durante 2016, un 20% más que el año anterior, según la estadística recién confeccionada por la cámara que agrupa a las ART. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) destacó inclusive el progresivo avance de la litigiosidad, al precisar que en diciembre pasado ingresaron 12.248 juicios, 45% más que 12 meses atrás. Los picos de nuevas demandas, no obstante, se registraron en los meses de septiembre y agosto pasados, con 14.443 y 13.786 presentaciones respectivamente, que representaron aumentos que promediaron el 50% respecto de 2015. En conjunto, todos estos juicios implican una disputa por un valor de 4.500 millones de dólares. Se estima que el 60 por ciento de las cuotas que cobran las ART está dirigido a previsionar juicios y solo el 40 por ciento restante a medicina laboral. 

 

A favor 

Apoyo de la CGT
Héctor Daer, triúnviro de la CGT y el secretario de Prensa de la central obrera, Jorge Solá, coincidieron en su apoyo a la idea del gobierno de avanzar rápidamente en una reforma de la Ley de ART dada la ‘inviabilidad‘ del sistema actual, pero cuestionaron el uso del DNU porque corre el riesgo de que sea considerado ‘inconstitucional‘. 

En contra

Embestida K

El jefe del bloque de diputados del kirchnerismo, Héctor Recalde, anticipó ayer que esa fuerza irá a la Justicia para rechazar el DNU ‘espurio‘ que modificó el sistema de las ART, al que calificó de ‘regresivo‘ e ‘inconstitucional‘. ‘Si realmente tenía razones de urgencia‘,  debió haber convocado al Congreso a ‘sesiones extraordinarias‘, remató.