El pedido para quitarle los fueros a la senadora Cristina Fernández de Kirchner ingresó ayer en la Cámara de Senadores y ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá constituirse para poder abocarse a su tratamiento.

Sin embargo, Argentina Federal, el bloque justicialista de senadores que encabeza el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, adelantó que no apoyará con sus votos la decisión del juez Claudio Bonadio.
‘La gran mayoría opina que no procede el desafuero‘, sostuvo el senador rionegrino respecto de la posición de los senadores de su nueva bancada de 25 integrantes (en total son 72 en esa Cámara). Pichetto ratificó el ‘principio judicial de que el desafuero de un senador o diputado procede ante sentencia firme‘.

La opinión de Pichetto y de los senadores de su interbloque es determinante porque los 25 miembros de ese espacio alcanzan para bloquear cualquier votación de un pedido de desafuero en el recinto del Senado.

En tanto, el senador nacional Guillermo Guastavino dijo que ‘el Senado no desafuera sin condena firme‘. El legislador justicialista dijo que su ‘posición es la posición que ha tenido hasta ahora el Senado. Se otorga el desafuero si hay condena. En el Senado va a ser así. Hay una tradición en este sentido. Sin condena firme no hay desafuero‘.

En la tarde de ayer, el trámite judicial ingresó a la Cámara Alta e inmediatamente fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales que, hasta el próximo diez de diciembre, encabeza el ultrakirchnerista Marcelo Fuentes. Sin embargo, para tratar el pedido de desafuero debe constituirse la Comisión y, para ello, los interbloques de Cambiemos y el flamante de Argentina Federal deben definir a las autoridades.

Una vez que eso ocurra, la Comisión deberá reunirse y emitir dictamen favorable en un proceso de sesenta días desde ayer. Según el artículo 2 de la Ley 25.320 de Fueros, ‘la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que deberá emitir dictamen en sesenta días’. ‘La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada (la nota del juez), aun cuando no exista dictamen de comisión’, agrega la legislación, por lo que en junio próximo podría debatirse la cuestión en el recinto de sesiones.

El pedido ya fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Allí, el desafuero deberá aprobarse con los votos afirmativos de los dos tercios del número de senadores presentes. No obstante, el justicialismo ya anticipó que no colaborará con el pedido de desafuero por ‘el principio judicial (según Pichetto) de que el desafuero de un senador o diputado procede ante sentencia firme’. El senador rionegrino recordó que la Corte Suprema sostuvo esa postura cuando se pidió el desafuero del expresidente y senador Carlos Menem, condenado por contrabando de armas.

‘En esta etapa procesal no hay impedimento para que la Justicia continúe con sus averiguaciones‘, aseguró Pichetto. Indicó también que ‘no hay ninguna posibilidad‘ de que el Senado ‘se aboque a estudiar esta cuestión porque estamos fuera del período de sesiones ordinarias‘.

Mientras tanto, el interbloque Cambiemos emitió un comunicado en el cual destacó: ‘Bajo ningún aspecto seremos un obstáculo para la Justicia’. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, había afirmado que la decisión de Bonadio se analizará con ‘seriedad’.

Protagonistas

MARCOS PEÑA - Jefe de Gabinete

’Los argentinos conocen a Mauricio Macri y saben que él no vino para manipular la Justicia. El tema requiere una investigación muy bien hecha y un debido proceso de defensa para acusados. Esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad que se requiere‘.

FLORENCIO RANDAZZO - Exministro del Interior

‘La imputación a (la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) por un memorándum que fue público y ratificado por el Parlamento nacional es absolutamente un disparate. Lo dije en febrero de 2015. Y sigo pensando exactamente lo mismo‘.
 

AGUSTÍN ROSSI - Diputado nacional

’Han puesto a la democracia argentina en estado de excepción. Han generado nuevas listas negras. Esto es contra aquel que ose emitir una opinión contraria al Gobierno nacional. Estamos en un escenario de pérdida de las garantías constitucionales’.