La Corte Suprema, por unanimidad, desestimó los recursos de queja presentados por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex jefe de los espías, Oscar Parrilli, en la causa por el Memorándum con Irán. Con esta decisión, quedó firme la prisión preventiva dictada para ambos ex funcionarios y se despejó el camino para que avance el juicio oral, que aún no tiene fecha.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Corrección Federal había confirmado los procesamientos de, entre otros, Fernández de Kirchner y Parrilli, encuadrando el hecho en las figuras de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado.

En la misma resolución el tribunal confirmó la prisión preventiva impuesta a Fernández de Kirchner, cuya ejecución efectiva se supeditó al resultado del proceso de desafuero requerido por el juez de instrucción.
Contra esa decisión, las defensas presentaron recursos de apelación, que fueron declarados inadmisibles por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por considerar que no se dirigieron contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

A raíz de ello, interpusieron sendos recursos extraordinarios, cuyos rechazos dieron origen a la intervención de la Corte Suprema.

El máximo Tribunal, con la firma de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, desestimó las quejas por considerar que no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (conforme artículo 14 de la ley 48).
 

En la causa fueron procesados la ex presidenta, Parrili, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zanini, la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D'Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado. El ex canciller Héctor Timerman, que también estaba procesado, fallecio el 30 de diciembre.

Tanto el juez Claudio Bonadio omo la Cámara Federal entendieron que la firma del memorándum con Irán fue un plan criminal del gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a los iraníes acusados del atentado a la AMIA que tenían pedido de captura internacional. Puntualmente se buscaba que Interpol diera de baja las detenciones.

La denuncia había sido presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero del 2015. Cuatro días después fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. El juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal desestimaron la denuncia por entender que no había delito. Pero luego la Cámara Federal de Casación Penal la reabrió y se avanzó con los procesamientos.

Las defensas sostienen que no hubo ningún plan criminal y que el memorándum fue una decisión política que no se puede judicializar y que fue refrendada por el Congreso Nacional. El objetivo era destrabar la causa judicial del atentado a la AMIA que estaba frenada hacía años porque Irán no detenía y extraditaba a los acusados.