El proyecto de ley de Juicio Político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia entrará a la cámara de Diputados esta semana, más probablemente hoy. Pero no será, al menos en lo formal, el mismo que firmaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores del PJ. Es que para mantener viva la chance de enjuiciar a los magistrados del Tribunal Supremo, la Casa Rosada y los legisladores del Frente de Todos cambiaron la estrategia: El proyecto de ley que irá al Congreso tendrá la firma de los diputados de la Comisión de Juicio Político y no la del Presidente, principal impulsor de la embestida a la cúpula del Poder Judicial, para poder así extender la vigencia de la iniciativa a tres años parlamentarios y no uno si ingresa con la rúbrica del Jefe de Estado.

Esto abre otras ventanas de oportunidades para que el kirchnerismo mantenga latente la posibilidad de aprobar el juicio político por tres años y no limitarse a casi un seguro fracaso en la votación en el recinto de Diputados cuando llegue el momento de decidir la apertura del juicio político. En esta instancia clave, el oficialismo necesitar+á dos tercios de los legisladores presentes en la sesión para avanzar con la embestida a la Corte. Desde la oposición, Juntos por el Cambio ratificó que dará quórum y que se el FdT consigue abrir la sesión, ellos bajarán para votar en contra. Así las cosas, será difícil para el oficialismo plasmar el juicio político a los . Sin embargo, si se mantiene vigente el proyecto por tres años, el FdT podría revertir en las próximas elecciones de octubre su desventaja en Diputados, entonces el escenario sería otro: ahí seguramente nada impedirá el inicio del proceso.

De todos modos, según adelantó en declaraciones radiales el diputado Rodolfo , miembro de la comisión, el texto que presentarán los legisladores no se apartará de los lineamientos principales del documento que firmó el jefe de Estado y los once gobernadores justicialistas que acompañan la embestida contra el máximo tribunal.

Pero en terreno de ampliar chances, en el oficialismo no descartan incorporar nuevos hechos en el pedido de juicio político a los ya esbozados por el presidente Fernández. El primer mandatario basó sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal en dos ejes claves: el fallo que dispuso fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 para luego la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. En este último caso, el principal apuntado es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura tras resucitar la vieja ley del Consejo de la Magistratura.

Los oficialistas analizan la posibilidad de incorporar nuevos elementos a la acusación basándose en pedidos de juicio políticos presentados anteriormente contra el máximo tribunal. Uno de ellos es el que formuló la diputada Vanesa -miembro de la comisión- por el cual acusó de mal desempeño en sus funciones al juez Carlos Rosenkrantz por su actuación en causas sobre delitos sobre lesa humanidad que se tramitaron en la Corte. También está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, por la Coalición Cívica de Elisa Carrió, por el manejo administrativo del máximo tribunal mientras ejerció la presidencia.

Toda esta nueva estrategia fue analizada ayer vía Zoom por parte de 16 legisladores del FdT que integran la Comisión de Juicio Político, que tienen mayoría propia para emitir dictamen y abrir la investigación, por lo que se descarta que durante 60 días los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarán bajo fuego.

• El 23 de enero, la fecha clave

El proceso de investigación para intentar abrir el juicio político a la Corte, según precisaron fuentes parlamentarias, podría comenzar en la semana del 23 de enero y demandaría entre tres y cuatro meses de debate. Esa fecha está atada al llamado de sesiones extraordinarias que hará en los próximos días el Poder Ejecutivo que se había planteado una convocatoria para la segunda quincena de enero para dar tiempo a los legisladores a volver de sus vacaciones. Las fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el proceso estará centrado en la investigación sobre la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación que le quitó Alberto.