Un tribunal de Nueva York falló este martes en contra de la Argentina: resolvió que la demanda por unos 3.000 millones de dólares de un fondo buitre por la expropiación de YPF debe continuar su proceso en Estados Unidos y no trasladarse a Buenos Aires, como reclamaba el gobierno argentino.

 

La decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Manhattan aplica así un golpe a la estrategia de nuestro país, que buscaba trasladar la demanda a la Argentina para resolver a través de la justicia local la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la capacidad de entablar el juicio.

 

El fallo puede ser apelado aún por el Gobierno ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Es un tema de soberanía”, habían advertido los abogados argentinos.

 

En una audiencia en Nueva York en junio del año pasado, los jueces escucharon los argumentos de la abogada del Gobierno, al de YPF y al representante del grupo Burford. No tomaron ninguna decisión, que será comunicada en un plazo que podría extenderse incluso por meses, dijeron fuentes a esta corresponsal.

 

Al término de la sesión, el Procurador General de la Nación, Bernardo Saravia Frías, dijo a Clarín que “sin ninguna duda queremos que el juicio venga a la Argentina, es un acto soberano y es una situación que hay que discutirla en los tribunales argentinos”, señaló.

 

Los abogados de la Argentina argumentaban que los tribunales estadounidenses no tienen competencia para tratar la demanda iniciada por el grupo Petersen -y cuyos derechos compró el fondo de inversión Burford por 15 millones de euros- por la doctrina del "Act of State", que determina que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. “La expropiación (de YPF) es constitucional y fue avalada por el Congreso argentino”, expuso Maura Barry Grinalds, del estudio neoyorquino Skadden, que defiende en este caso a la República.

 

Argentina, dijo entonces la abogada, es un estado soberano y por lo tanto inmune a ser sancionado por actividades comerciales que no fueron tales en el caso de esta expropiación, ya que está protegida, como otros países en EE.UU., por la Foreign inmunity act (FSIA). Por eso el caso debería resolverse en la Argentina, señalan.

 

El abogado de Burford-Petersen, argumentó, por el contrario, que durante el gobierno kirchnerista Argentina había quebrado el contrato al expropiar el 51% de la petrolera y no haber extendido la oferta a los socios minoritarios (el país le pagó a Repsol, que tenía la mayoría, por la nacionalización). Dicen que el tema es de derecho comercial y debe ser juzgado en Estados Unidos, donde se emitieron las acciones.

 

La jueza de primera instancia, Loretta Preska, había fallado en contra de cambiar la jurisdicción a la Argentina y elevó la causa a la Corte. El tema que se resolvió hoy es una cuestión procesal y no el caso de fondo, que deberá ser abordado luego de que se resuelva esta instancia. Burford reclama que el gobierno kirchnerista no indemnizó al Grupo Petersen en la expropiación de YPF, a diferencia de lo que ocurrió con Repsol.

 

Tras el nuevo revés, el Gobierno tiene la opción de apelar a la Corte Suprema y ganar más tiempo en este caso que heredó del kirchnerismo.