Un proyecto que busca modificar la ley de Alivio Fiscal mediante la reducción de la tasa de financiación debido a la situación económica que atraviesan entidades sin fines de lucro, mipymes y pequeños contribuyentes fue presentado desde el bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado.

La iniciativa fue presentada por el senador del FdT por La Pampa, Daniel Bensusán, ante el encarecimiento de las moratorias de ese sector que "a partir del 30 de abril vieron elevadas hasta tres veces las tasas de interés", explicó.

La ley 27.653 de Alivio Fiscal establece una moratoria vigente que permite a micro, pequeñas y medianas empresas, y pequeños contribuyentes adherirse a planes de pago con un máximo de 120 cuotas a una tasa de interés fija de hasta el 1,5% mensual (18% anual) durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023.

Según la misma ley, "luego de este plazo se debe aplicar la tasa Badlar en moneda nacional de bancos privados que, en noviembre de 2021, momento en el que se publica la ley, ascendía a 34,12% anual (2,83% mensual)".

Sin embargo, detalló el senador, "en abril de 2023, la tasa Badlar se ubicó en el orden del 75% anual y a pesar de que esta tasa se encuentra por debajo de la inflación, la actualización triplica su valor".

"El aumento de la tasa de interés aplicable a los planes de pago de la moratoria vigente está generando problemas a quienes se han adherido, en un contexto de dificultad económica", sostuvo en los fundamentos del texto.

Las cuotas de los planes más largos, que contemplan hasta 120 pagos, "presentan incrementos en el orden de 285%", agregó.

Frente a este panorama, indicó que "lo que en su momento fue una solución hoy se transformó en un problema para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ver peligrar la continuidad de sus actividades si no se modifica la ley 27.653 para establecer una reducción de la tasa de financiación".

El senador pampeano espera que de esta manera "se permita que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y eviten la caducidad de los planes de pago, lo que podría generar acciones penales tributarias".